Varios ex funcionarios aparecen en las indagatorias de la UIF

Santiago Nieto pone en la mira a diversos ex servidores públicos   

Santiago Nieto.
Foto: Cuarto Oscuro.
Redacción
Política
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Ciudad de México, a 20 de enero. Al concluir el 2019, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, informó que se habían bloqueado cinco mil 023 millones de pesos, 52 millones de dólares y mil 875.72 euros, montos presumiblemente del crimen organizado y cuentas de personajes que al momento siguen en investigación.

Nombres van y vienen, Nieto que recientemente declaró que no mueve un dedo sino está enterado el presidente, se ha convertido en el brazo castigador de la 4T y quien sale al quite para elevar el rating del Presidente.

En casos recientes, informó que hay una investigación en contra de la organización religiosa los Legionarios de Cristo y su posible vínculo con Martha Sahagún, tras darse a conocer dicha información, Sahagún calificó como un engañó a la opinión pública.

El tema no para ahí, fuentes gubernamentales aseguran que en los siguientes días se darán a conocer más nombres. Santiago Nieto, tendrá en este 2020 en sus manos la investigación que habrá de realizarse a diversos ex funcionarios públicos, se rumora que viene una exhaustiva indagatoria a los negocios del exgobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, los cuales afirman que son operados por su hermano Germán.

Estas fuentes refieren que existe una sospecha sobre una posible conexión entre Germán Ávila y el ex asesor de Javier Duarte, Pablo Ojeda, quien actualmente funge como secretario de gobierno en Morelos.

De los negocios que serian investigados se habla de los relacionados con la construcción y operación de carreteras, energía eléctrica, mueblerías y hasta una destacada marca de tequila.

Recordar que apenas en el mes de octubre diversas organizaciones se manifestaron a las afueras del Senado para solicitar el desafuero del ex gobernador Eruviel Ávila para quien solicitaron una investigación por una supuesta responsabilidad en el desvío de aproximadamente mil millones de pesos destinados a nuevo sistema de justicia penal acusatorio de esa entidad y por fraudes hipotecarios cometidos durante su gestión como gobernador

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