La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CHDH) hizo un llamado al Gobierno mexicano para ratificar el Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el Trabajo Forzoso de 1930 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que entró en vigor el 9 de noviembre de 2016.
Al presentar el Estudio sobre la intervención de las Autoridades del Trabajo en la prevención de la trata de personas y la detección de posibles víctimas en campos agrícolas, el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, sostuvo que se plantea una política pública, porque las normas nacionales e internacionales ya están, pero no bastan; ahora falta voluntad política para materializarlas.
Destacó la importancia de que las autoridades federales y locales del Trabajo comprendan que las jornaleras y los jornaleros agrícolas del país se encuentran en situaciones de alta vulnerabilidad que los hace susceptibles a ser víctimas de trata de personas en la modalidad de trabajos o servicios forzosos, y que tienen los mismos derechos que las víctimas de otras modalidades de explotación a ser identificados, rescatados y atendidos de manera integral.