Abogados litigantes y académicos especialistas en materia de Derecho se reunieron en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México en un foro en el cual hablaron de la ‘Defensa del Sistema Nacional Anticorrupción. Estrategia mediante juicio de amparo’.
José Luis Caballero Ochoa, director del Departamento de Derecho de la UI, recordó que el Comité de Participación Ciudadana presentó dos amparos ante instancias jurisdiccionales, “que tratan de combatir la omisión legislativa en el tema de la inclusión de los estándares que ha marcado el Sistema Nacional Anticorrupción en la integración de los organismos locales; y para articular estos estándares en las leyes locales, sobre todo en materia de responsabilidad”.
Javier Cruz Angulo, académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas, consideró que “existe un derecho humano a la buena administración pública, y este tendría que ser capaz de generar la actividad jurisdiccional oponible a la omisión de la instalación del Sistema Nacional Anticorrupción”.
Agregó: “Para forzar la implementación se acude a órganos jurisdiccionales (amparo). ¿Por qué? Porque ciertos estados de la República o entidades federativas se niegan o no han cumplido con el mandato constitucional de implementar el Sistema Nacional Anticorrupción. Y frente a la omisión de estas autoridades, ya sea por expedir las leyes del sistema, ya sea por poner a los funcionarios a cargo, es que se interpusieron dos juicios de amparo; ya para provocar las leyes, ya para instalar el propio sistema”.
Comentó que “en caso de que se gane el amparo el efecto natural de la sentencia sería: dígase a las fuerzas parlamentarias o dígase a los partidos políticos que integran a los representantes populares, que se pongan de acuerdo y que entonces expidan la normatividad aplicable”.
A su vez, Óscar Cruz Barney, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, explicó que “el juicio de amparo nació pensado básicamente para actos de administración, después se extendió a actos del Poder Judicial, y ha venido convirtiéndose en un instrumento fundamental de ejercicio ciudadano y de participación del Poder Judicial en la democracia”.
Añadió que “El amparo, en el Poder Judicial, se va a convertir en un instrumento para la consolidación democrática, para la rendición de cuentas. El problema que tenemos hoy es que no se están ejecutando los procesos como deben ejecutarse, no se están cumpliendo los pasos como deben de cumplirse, se hace de manera parcial, se acuerda un cambio a nivel constitucional y ya en la ejecución nos encontramos con una serie de obstáculos sumamente graves. Eso habla de una crisis del sistema”.