Por: José Antonio Caporal
En entrevista con Vértigo, Gabriel Reyes Orona, presidente de la organización Transparencia Nacional, critica en principio el hecho de que se vayan a sustituir el total de las credenciales de elector: “Por supuesto que no es necesario. De hecho, es lamentable que se presione al ciudadano para que tenga que estar renovando ese documento; es como hacen los gobiernos estatales con el reemplacamiento de vehículos, donde lo único que persiguen es hacer negocios con dicho trámite”.
Con respecto de las licitaciones y/o adquisiciones que lleva a cabo el IFE, comenta que en dichos procesos se identifican “tres fantasmas”: el primero de ellos “es que en repetidas ocasiones se han detectado sobreprecios. Recordemos que de manera poco ortodoxa, e incluso contraria a la ley, el instituto ha utilizado ciertos criterios de ahorro para después poder redistribuir discrecionalmente su presupuesto. Y para ello primero necesita generar sobrantes y estos los obtiene con la contratación de servicios a sobreprecios”.
El segundo, indica, “es el fantasma del único proveedor; es decir, el IFE ha sido poco eficiente en tener un padrón de proveedores amplio, público y transparente para que no uno ni dos sean los únicos que estén en posibilidades de ser contratados por el instituto”.
El tercer “fantasma”, refiere, “es el asunto del intermediarismo: aquí lamentablemente, vemos que primero se aparente cuidar la solvencia técnica, económica y moral de los prestadores de servicios y luego nos damos cuenta de las empresas ganadoras subcontratan a otras empresas”.
—¿Qué refleja el proceso de licitación del IFE para que se renueven las credenciales de elector?
—Nos habla claramente de un hecho muy penoso y reprochable: bases a modo. Se diseñan las bases de contratación para ir retratando a los ganadores; no hay imparcialidad ni neutralidad, los funcionarios dibujan a modo a quien quieren que gane.
Gabriel Reyes Orona sostiene con énfasis que el “proceso de licitación se debe cancelar”.
Precisa: “Tenemos que esperar a ver si se crea el Instituto Nacional de Elecciones en sustitución del IFE, como lo demandan los partidos políticos. Y entonces que sea el nuevo organismo el que lleve a cabo, en su caso, la sustitución de credenciales. Por lo pronto, es irresponsable que el IFE decida sustituir el total de las credenciales de elector y gastar millones de dólares en ello”.
Presupuesto 2014
La Comisión para la Revisión del Anteproyecto de Presupuesto 2014 del IFE concluyó sus labores: el organismo solicitará ocho mil 290 millones de pesos para gastos de operación y proyectos especiales, de acuerdo con un comunicado.
A esa cifra se debe añadir cuatro mil 44 millones de pesos para el financiamiento público de los partidos.
El anteproyecto presupuesta un total de doce mil 334 millones para 2014.
En declaraciones a la prensa, el consejero Benito Nacif dijo, entre otras cosas, que el organismo tiene contemplado emitir más de 16 millones de credenciales.
En 2014 el instituto planea la renovación de las credenciales 09 y 12, que “ya no serán vigentes” el próximo año.
En 2013 el instituto contó con un presupuesto de siete mil 277 millones para gastos de operación. De ellos, se destinaron dos mil 382 millones 785 mil pesos a la “actualización del padrón electoral y expedición de la credencial para votar”.
Malos antecedentes
En agosto de 2007 el Instituto Federal Electoral arrancó el programa de renovación gradual de las credenciales con terminación 03, que en aquel entonces sumaban 22 millones.
En febrero de 2008 el organismo firmó un contrato “plurianual” con la empresa estadunidense Digimarc Corporation, para que esta elaborara las credenciales de elector durante el periodo que abarcaba del 14 de febrero de 2008 al 30 de abril de 2012; cobraría un “mínimo” de 17 millones 907 mil 456 dólares y un máximo de 30 millones 510 mil 856 dólares, según lo establecido en el convenio de “prestación de servicios” con número 015/2008.
En 2009 Digimarc quebró y fue adquirida por la también estadunidense L-1 Secure Credentialing, por lo que el instituto, a través del entonces director ejecutivo de Administración, Fernando Santos Madrigal (a quien la Contraloría Interna solicitó inhabilitar por la adquisición de un inmueble con sobreprecio), se vio obligado a modificar el contrato. Así, se estableció el convenio modificatorio número 077/2009.
Pero L-1, a su vez, enfrentó problemas financieros e igualmente fue absorbida por otra compañía, por lo que el contrato para la elaboración de la credencial de elector fue a dar a manos de la empresa francesa Sagem-Morpho, a la cual el instituto le respetó el compromiso adquirido con Digimarc en 2008, que le permitía cobrar hasta 30 millones de dólares por la elaboración de las credenciales de elector, hasta 2012.
Durante 2011 la autoridad electoral no fue capaz de concretar un proceso de licitación para contratar a la empresa que elaborara la credencial. El hecho fue que el contrato con Morpho (Digimarc primero y luego L-1) estaba próximo a cumplirse, así que el 13 de julio de 2012 el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del instituto celebró una sesión extraordinaria, en la que se establecía la “adjudicación directa por excepción” a Morpho SA, a fin de que esta continuara elaborando las credenciales.
En la referida sesión del Comité de Adquisiciones del instituto, se estableció que en 2012 la referida empresa cobraría dos millones 453 mil 897 dólares y en 2013 cinco millones 353 mil 958 dólares, por dar el “servicio de mantenimiento, continuidad y soporte a la infraestructura tecnológica de la solución integral de identificación multibiométrica y sus servicios biométricos con dos huellas dactilares”.