Saldar la deuda histórica que gobiernos y sociedad tienen con los pueblos y comunidades indígenas en materia de consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe permitirá empoderar a los descendientes de pueblos originarios de nuestro país para que sean sujetos de derechos y puedan ejercerlos plenamente.
En ello coincidieron autoridades, servidores públicos, académicos, investigadores, expertos y representantes de organizaciones de la sociedad civil, del sector empresarial y de organismos públicos defensores de derechos humanos que participaron en el Seminario Internacional “Fundamentos y práctica del derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas”, organizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Secretaría de Gobernación, Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, UN Global Compact y Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, celebrado en la ciudad de San Luis Potosí.
En este primer encuentro sobre dicho tema quedó de manifiesto que los esfuerzos desplegados hasta el momento para lograr la verdadera efectividad de la consulta previa no han sido suficientes, debido a la desatención de las instituciones responsables de garantizar el cumplimiento de esa prerrogativa.
De igual manera, se dieron a conocer las consecuencias negativas que enfrentan los países que no aplican ese mecanismo, tales como tala indiscriminada de bosques, contaminación ambiental, de ríos y lagunas, extracción sin control de recursos naturales, explotación mineral de profundo impacto, afectación de flora y fauna, así como desplazamiento de comunidades originarias, entre otras.