La Cámara de Senadores y la Asamblea Legislativa del Distrito federal propusieron un par de iniciativas para evitar que los servidores públicos no pague la pensión alimenticia, las penas irían desde pérdida de derechos hasta cárcel.
Esto luego de darse a conocer el caso del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en retiro, Genaro Góngora Pimentel, quien se negaba a pagar el equivalente al 35% de sus ingresos como pensión a su ex mujer.
ALDF
La bancada del PAN en la Asamblea Legislativa, presentó la Ley Anti Góngora, una iniciativa para evitar que todos los ex funcionarios hagan uso de sus influencias en asuntos legales.
La propuesta panista plantea las siguientes sanciones para quien no pague la pensión alimenticia:
- Que el registro de deudores alimentarios se haga de manera pública que sea público para todas las personas
- Que sea requisito para casarse un documento que avale que no se debe la pensión.
- Que cuando el deudor quede inscrito en el Registro de Deudores, el juez lo obligue a entregar información relativa a sus bienes e ingresos, y en caso de no entregarla, se haga acreedor a un arresto por 36. Cuando el juez cuente con la información, ésta servirá para determinar el monto de la pensión.
- Sancionar el tráfico de influencias que se cometan en los entes públicos del Distrito Federal, cometidos por los ex servidores públicos: Presidente de la República, Ministro de la Suprema Corte, Jefe de Gobierno.
- Por tráfico de influencias la pena sería de 6 años de prisión y de 100 a 500 días de multa.
La diputada Laura ballesteros dijo que la iniciativa pretende que la justicia sea igual para todos.
Senadores tampoco quieren Góngoras
El PRD en el Senado presentó una iniciativa que plantea que adeudar la pensión alimenticia sea causal de la suspensión de los derechos y prerrogativas.
El documento plantea que es reprobable que representantes populares y funcionarios públicos incumplan su obligación administrativa abusando de su posición.
Para evitar ello los senadores perredistas proponem:
Que los servidores públicos que no paguen pensión pierdan las siguientes prerrogativas:
El documento propone que la iniciativa debe aprobarse a nivel federal para proteger los derechos de supervivencia y desarrollo para la mujer y la niñez.