Una política de inversión en infraestructura educativa junto con una disciplina fiscal por parte de las autoridades, para lograr la cobertura universal en Educación Media Superior, generaría un efecto conjugado de aumento en la productividad e ingresos de las familias y la disminución en el precio de la educación, señala el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República (IBD).
El documento “Modelo de factibilidad hacendaria: caso práctico para evaluar la sostenibilidad de la inversión en Educación Media Superior en México”, elaborado por la Dirección General de Finanzas del IBD, evalúa el impacto y las consecuencias de invertir en infraestructura educativa del nivel medio superior sobre la economía mexicana.
El análisis se centra en modelar la inversión en infraestructura que se necesita para soportar la dinámica de la población estudiantil del nivel medio superior y con ello evaluar los impactos sobre el bienestar de las familias, la sostenibilidad de las finanzas públicas y el crecimiento económico.
Con este propósito, toma como marco de referencia la reforma al artículo tercero constitucional, elaborada en el año 2012, donde se estableció que el Estado debe garantizar la EMS para aquellas personas que en edad típica hubieran concluido la educación básica.
La investigación reconoce que, en el corto plazo, esta política podría incidir en la deuda pública, además de generar desplazamientos en la inversión y el consumo privado; pero en el largo plazo estos dos indicadores crecerían para producir una expansión generalizada del bienestar de los hogares mexicanos.
Asimismo, se impulsaría la formación de capital humano, al incrementar el número de años de escolaridad promedio entre la población y crecería el ingreso de las familias. En particular, este aumento de ingreso se daría entre la población menos favorecida para crear un efecto redistributivo de la riqueza