Una evaluación negativa sobre su desempeño administrativo, altos niveles de desconfianza ciudadana y la situación económica misma del país han llevado a gobernadores, senadores y diputados federales, así como a diversos Congresos en los estados a poner sobre la mesa una serie de iniciativas para reducir el millonario financiamiento público que reciben los partidos políticos.
Para congresistas federales y diputados estatales la sinergia legislativa que busca esta encomienda se la han ganado a pulso los institutos políticos, ya que cada vez le cuestan más al erario, pero al mismo tiempo congestionan demasiado la coordinación de políticas públicas integrales en beneficio de la sociedad, a causa de la filiación partidista en que se diversifican los tres órdenes de gobierno, lo que ha frenado por lustros el desarrollo social y económico de México.
Es el Congreso de Jalisco el que ahora da el primer paso para modificar las fórmulas y métodos de financiamiento a los organismos de representación popular, pero en la fila están igualmente las legislaturas de Querétaro y Guanajuato, así como 16 propuestas legislativas en el Congreso de la Unión que buscan de manera determinante lo que es percibido por la ciudadanía como privilegios innecesarios del sistema de partidos.
Estados
La propuesta lanzada hace unos meses por el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, en el sentido de retirar el financiamiento público a partidos políticos fuera de temporada de competencia electoral tuvo eco: un primer paso sobre esta situación fue avalado de manera reciente por la mayoría de los 39 diputados integrantes de la LXI Legislatura del Congreso del estado.
Contenida en la iniciativa del diputado independiente Pedro Kumamoto, #SinVotoNoHayDinero, se establece que en años electorales se multiplicará 65% de la Unidad de Medida y Actualización (UMA, de 75.49 pesos en 2017) por la votación válida emitida, mientras que cuando no haya comicios se tomará como base 20% del Padrón Electoral.
En otras palabras, “esta medida representaría una reducción de 50% en la asignación de recursos públicos en años con elecciones y de 70% en los que no se realicen comicios, aunque el porcentaje variaría según el número de votos ganado por cada partido en algún proceso electoral local o federal”, explica Kumamoto.
Otra Legislatura que sigue este modelo es la de Querétaro: la diputada María Alemán Muñoz Castillo, del Partido Nueva Alianza, y el legislador Éric Salas González, del Partido Acción Nacional, trabajan en torno de las iniciativas de ley que de manera individual presentó cada uno de ellos respecto de la reducción del financiamiento público para partidos políticos.
María Alemán afirma que para ellos “es importante dejar a un lado las diferencias partidistas o de colores, a fin de sumar esfuerzos a favor de los ciudadanos y que esto pueda trascender en beneficio de todos los mexicanos”.
Recuerda también que ambos presentaron una propuesta para enviar a la Cámara de Diputados federal, a fin de lograr la reducción del financiamiento para los partidos políticos.
Añade que ambas iniciativas tienen base en la disminución del porcentaje de la Unidad de Medida y Actualización y señala que existen coincidencias respecto de la fórmula: “Estamos en el mismo canal, ambos proponiendo la reducción de 55% en la bolsa total a repartir entre los institutos políticos. ¿Esto cómo se lograría? Acordando que en lugar de 65% actual que se le otorga del valor del UMA, por cabeza, a cada partido político, se disminuya a 30%”.
En Guanajuato, por su parte, con el objetivo de reducir en 50% el financiamiento público ordinario que se otorga a los partidos, las diputadas Arcelia María González y María Guadalupe Velázquez, integrantes del grupo parlamentario del PRI, presentaron a su vez una iniciativa de reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato.
Arcelia González explica que “a la reducción del monto otorgado a los partidos políticos se añade la consecuente repercusión en el financiamiento correspondiente a gastos de campaña electoral y por actividades específicas”.
Destaca que el beneficio económico de la propuesta, “en términos redondos, en favor de los recursos públicos, se traduce para el ejercicio fiscal de 2018 en 80 millones de pesos del presupuesto estatal, en 64 millones de pesos para cada uno de los ejercicios no electorales de 2019 y 2020, y para 2021 (año de elecciones intermedias) de 70 millones 400 mil pesos del presupuesto de la entidad”.
Congreso federal
En el Poder Legislativo federal, por su parte, se encuentran listas para discutir 16 iniciativas presentadas con miras a reducir el financiamiento para los partidos políticos.
Con distintas aristas y metodologías de austeridad, senadores y diputados del PRI, PAN y Partido Verde coinciden en empujar una reforma constitucional que reduzca significativamente o elimine incluso el financiamiento públicoa los partidos políticos.
De hecho, existe una iniciativa impulsada por diputados de Campeche a propuesta del gobernador de esa entidad, Alejandro Moreno.
Así, queda claro que el sistema de partidos cuesta muy caro y ese gasto sirve poco a la sociedad mexicana, por lo que urge una reforma.
Propuestas presentadas
Gobernadores: Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, de Jalisco; Alejandro Moreno Cárdenas, de Campeche.
Congresos locales: Jalisco (aprobada), Guanajuato y Querétaro.
Congreso de la Unión: 16 propuestas (PAN, PRI, PRD, Partido Verde, Nueva Alianza y MC); incluye las de los independientes Manuel Cárdenas (senador) y Manuel Clouthier Carrillo (diputado).