Después de once años de cabildeo y trabajo, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental por fin fue aprobada en el Congreso de la Unión, hecho que, detrás de la reforma constitucional en materia ambiental —en la cual se estipuló como tal el derecho a un ambiente sano—, se coloca como un gran avance en esta lucha perenne por la garantía de todos los derechos humanos.
Y es que en México el panorama sobre las violaciones al respecto es muy grave: sólo en el Distrito Federal, por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos del DF gestionó 35 quejas calificadas como presuntamente violatorias entre enero y noviembre de 2012.
Para los expertos, esta garantía constituye una precondición para el cumplimiento de otros derechos, como salud, alimentación, vivienda e incluso la vida misma.
Sin embargo, a pesar de ya contar con instrumentos legales de talla internacional, aún queda mucho por hacer en cuanto a la normatividad específica y la voluntad política, no sólo para revertir los daños sino también para prevenirlos.
Sin fronteras
La comunidad internacional reconoce que todos los seres humanos dependemos del medio ambiente y que se requiere de un entorno sin riesgos, limpio, saludable y sostenible para el pleno disfrute del derecho a la vida, salud, alimentación, agua y saneamiento, entre otros.
De tal manera que al proteger los derechos humanos debemos proteger al ambiente y viceversa, como una política internacional, ya que de acuerdo con la doctora Marisol Anglés, del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM,las afectaciones en agua, aire, tierra y ecosistemas no respetan fronteras.
Para la Organización de Naciones Unidas (ONU), el reconocimiento de la vinculación entre los derechos humanos y el entorno es primordial para la subsistencia de la especie humana.
Ante ello, muchos Estados han incorporado en sus marcos jurídicos el derecho a un ambiente saludable.
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