La bancada del PAN en el Senado presentó una iniciativa de reforma al Artículo 26 constitucional que propone dar autonomía al Coneval y transformarlo de consejo a Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
En la sesión ordinaria del Senado, la legisladora Adriana Dávila Fernández, a nombre de la fracción del PAN, presentó la iniciativa que permitiría que el Coneval sea un organismo constitucional público con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios.
Argumentó que serán atribuciones del nuevo Coneval la revisión periódica del cumplimiento de los objetivos, metas y acciones de los programas de desarrollo social, para corregirlos, modificarlos, adicionarlos, reorientarlos o suspenderlos total o parcialmente.
Darle autonomía constitucional al @coneval permitiría medir programas sociales y resultados del combate a la pobreza de manera transparente. — Javier Lozano A (@JLozanoA) 12 de febrero de 2013
Estructura
La comisión contará con un Consejo Consultivo, integrado por un presidente y 9 consejeros.
Todos deberán ser mexicanos de reconocido prestigio en los sectores privado y social, académico, profesional, científico y cultural, con experiencia mínima de 10 años en el ámbito del desarrollo social y que no pertenezcan a algún partido.
El presidente de la Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social presentará cada año a los Poderes de la Unión un informe de actividades, para lo cual comparecerá ante las cámaras del Congreso en los términos que disponga la ley.
Replicarlo en los estados
La reforma plantea que las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus competencias, establecerán organismos con autonomía constitucional para la evaluación de la política de desarrollo social estatal y municipal, que harán la revisión periódica del cumplimiento del objetivo de los programas, metas y acciones.
Dávila Fernández expuso que se propone que el Estado cuente con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, cuyos datos serán considerados oficiales.
Para la federación, estados, Distrito Federal y municipios, los datos contenidos en el Sistema Nacional serán de uso obligatorio en los términos que establezca la ley.
La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis.