El presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Francisco Martínez Neri (PRD), sostuvo que “la Cámara de Diputados tiene la obligación moral, no es obsequio de nadie, de aprobar la Ley General de Desaparición Forzada y lo vamos a cumplir con decencia”.
Durante el Foro “Mírame y dime que te importa”, llevado a cabo en el marco del “Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas”, detalló que uno de los resolutivos de la plenaria de su fracción política es impulsar que esta ley sea aprobada de inmediato.
Apuntó que son muchos los sentimientos que acompañan a una reunión como esta con los familiares de los desaparecidos: “el enojo, la insatisfacción, pero también aparecen la dignidad y la esperanza, esto jamás lo podemos abandonar”.
Resaltó que tendrá como tarea denunciar, si es que no se logra aprobar la ley inmediatamente. “Lo primero que haré es preguntar a la Mesa Directiva si está turnado el asunto para su aprobación”.
Por su parte, la integrante de la Comisión de Derechos Humanos, Maricela Contreras Julián (PRD), afirmó que la desaparición de personas es un tema muy doloroso; por ello, el Congreso está haciendo un esfuerzo para tener una ley en la materia.
Reconoció la labor de los familiares de los desaparecidos, quienes han trabajado para conseguir la elaboración de la ley; hizo un llamado para que no se condicione la aprobación de la ley y se trabaje por un presupuesto que permita la aplicación de este ordenamiento.
Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), se sumó a la convocatoria dirigida a los diputados para la aprobación de la Ley de Desaparición Forzada, que “podría ser la herencia legislativa más importante por la defensa de los derechos humanos de la actual Legislatura para romper la impunidad y revictimización de las familias”.
Esta ley es fruto del terrible dolor y trabajo colectivo e incluyente de las familias de las víctimas. “Es una legislación que, de aprobarse, colocaría a los diputados del lado correcto de la historia”.
Además, instó al Poder Ejecutivo y a la Cámara de Diputados “a garantizar la partida presupuestal necesaria para la efectiva implementación de la ley, porque la voluntad del Estado mexicano para enfrentar este flagelo sí puede cuantificarse en el próximo Presupuesto federal, aunque el dolor de las víctimas y sus familias es incuantificable”.