La Cámara de Diputados aprobó una reforma al artículo 27 constitucional para permitir a los extranjeros comprar tierras y propiedades en playas mexicanas, áreas prohibidas para ellos desde 1824.
Estos son los motivos que los diputados alegaron tener para presentar la iniciativa:
La ley ya no es vigente
Coincidieron en que el texto de la Constitución debe actualizarse a la realidad social y económica actual, pues las circunstancias que llevaron a limitar la compra de playas por extranjeros ya no existen (conflictos con otros países o una posible invasión extranjera).
Extranjeros no son un peligro para la nación
El dictamen presentado ante la Cámara de Diputados señala que la instalación de extranjeros en playas y fronteras no es un peligro para la soberanía, pues “la suscripción de Tratados Internacionales y la inclusión de nuestro país como integrante de Organismos Internacionales, así como del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, entre otros, dan a México la garantía legal y política en el ámbito del derecho internacional público, de que la inversión extranjera en la zona referida no representará un riesgo para nuestro país”.
La compra de propiedades por extranjeros ya se realizaba de todas formas
Según datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores que constan en el dictamen, del 2000 al 2012 fueron autorizados 48,559 permisos para construir fideicomisos en zonas restringidas.
Desde 1971 los extranjeros pueden “comprar” terrenos en playas y áreas fronterizas mediante instituciones de crédito, que adquieren el bien inmueble para la realización de actividades industriales y turísticas con inversión extranjera.
Contribuirá a incrementar ingresos de municipios
Los diputados también sostienen que la compra de terrenos por parte de extranjeros tendrá un impacto beneficio en los ingresos de los municipios, pues al tener la propiedad usos habitacionales se podrán recaudar contribuciones e impuestos que establece el artículo 115, fracción IV Constitucional.
Es su derecho
La comisión que elaboró el dictamen apunta en el mismo que la Constitución vigente reconoce que todas las personas, incluidas las extranjeras, gozan de los derechos humanos reconocidos tanto en la Carta Magna como en los tratados internacionales en los que México participa, que establecen el derecho a la propiedad privada, es decir, a comprar terrenos y propiedades.