Diputadas de distintos grupos parlamentarios se pronunciaron por impulsar un marco jurídico para abatir la tortura en contra de mujeres en México y castigar a los responsables, así como establecer mesas de diálogo con las secretarías de Gobernación y de la Defensa Nacional y la Procuraduría General de la República, para implementar mecanismos que frenen el abuso sexual.
En la presentación del informe realizado por Amnistía Internacional (AI) Sobrevivir a la muerte. Tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México, organizada por la diputada Claudia Corichi García (MC), legisladoras de Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano, Revolución Democrática y del PRI urgieron incluir la perspectiva de género en el marco jurídico contra la tortura.
Corichi García pidió que la minuta del Senado sobre la Ley General contra la Tortura se turne ya a las comisiones de Derechos Humanos, de Justicia y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados, para analizar el planteamiento de la tortura sexual con el propósito de presentar propuestas conjuntas.
Comentó que México atraviesa una de las peores crisis de derechos humanos, a pesar de que tiene un amplio y moderno marco legal y una Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) “de las más importantes y caras del mundo”. Hay mucho que hacer al respecto, ya que sus recomendaciones de poco o nada sirven.
A un año de la instalación del Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual, de la Secretaría de Gobernación, la violación de los derechos humanos de cientos de mujeres permanece en la impunidad.
En 2015, indicó, el presupuesto de la CNDH fue de mil 465 millones de pesos que, sin duda, se tendrían que reflejar en procuración de justicia y protección de derechos humanos, pero “siete de cada diez pesos de sus recursos se van en pagar sueldos”.
El Estado informó en abril de 2015, que la Procuraduría General de la República (PGR) contaba con dos mil 420 investigaciones sobre tortura y existen solo 15 sentencias condenatorias por este delito.
Amnistía Internacional urge a que tomen medidas todas las instancias de gobierno, a fin de atajar el grave problema de violencia sexual. “Ninguna mujer merece ser torturada sexualmente ni en otras formas. No se justifica bajo ningún argumento”, reiteró.