Los agentes del Ministerio Público, peritos y elemento de las instituciones policiales federales, estatales y municipales serán separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes señalen para permanecer en las mismas, o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones, planteó la senadora Angélica de la Peña Gómez.
La senadora integrante del Grupo Parlamentario del PRD presentó, con ese motivo, una iniciativa para reformar la fracción XIII del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política.
En su argumentación, la también presidenta de la Comisión de Derechos Humanos estableció que si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, o bien, reincorporar a sus labores al servidor público, a elección de éste último, debiendo pagar en ambos supuestos las prestaciones que tenga derecho.