Al final, tras una larga agonía, el botón del Brexit será pulsado definitivamente el próximo 31 de enero marcando un cambio de era en la política exterior británica y, desde luego, creando una hendidura profunda dentro del histórico cónclave de la Unión Europea (UE), fruto del árbol de la paz, el entendimiento y la unidad en un continente que tantas veces a lo largo de tantos siglos se ha devastado a sí mismo de manera intempestiva.
Ello acontecerá tres años con siete meses después del referendo organizado por el entonces premier David Cameron y luego de muchos estira y afloja aunados a un enorme costo político interno y, desde luego, económico.
Han sido los años más desgastantes e inútiles pero los ciudadanos así lo han querido: lo decidieron por mayoría al avalar el Brexit y al dejar su voto en las urnas para respaldar al conservador Boris Johnson en las pasadas elecciones generales del 12 de diciembre.
Por si faltase algo en esta película ha pasado de todo, incluyendo la renuncia de Cameron poco después de conocerse el resultado mayoritario a favor del Brexit, para ser sustituido por Theresa May, también del Partido Conservador.
Ella como nueva primera ministra lo intentó todo pero terminó minada, erosionada y traicionada al interior de sus propias filas políticas; no completó todo el curso de la Legislatura porque renunció el verano pasado después de tres intentos en vano por que sus compañeros legisladores votasen el acuerdo de salida negociado con la UE.
Entre lágrimas la fuga de May motivó unas primarias en el Partido Conservador para decidir su relevo. Fue así que el nombre de Boris Johnson se alzó como el más proclive para comandar el destino de los británicos; por lo que, necesitado de una mayor fortaleza legislativa, convocó a elecciones generales anticipadas, mismas que ganó de forma abrupta con 365 escaños a favor consiguiendo mayoría absoluta.
En contraste los laboristas cedieron 59 legisladores respecto de las elecciones de 2017 tras obtener 203 curules; ese cisma prácticamente ha significado la jubilación política de su líder, Jeremy Corbyn; y, fundamentalmente, reveló que algo mucho más profundo de lo que se atisba acontece en el ciudadano promedio británico, quien es capaz de pasar del espectro de la izquierda a dar su apoyo a un candidato conservador cuya intención es la de consumar sí o sí la salida de su país de la UE.
Lo que Johnson dice ofrecer es honrar el voto de los ciudadanos en aquel aciago plebiscito que Cameron regaló a la calle por el simple hecho de no concordar con la política de reparto de cupos migratorios propuesta entonces por la canciller germana Angela Merkel, con Alemania desbordada por las peticiones de asilo de miles de sirios.
El resultado del referendo fue una rebelión clara contra ese sentido de pertenencia a la UE. Casi 47 años después de ser integrantes singulares (nunca quisieron abandonar la libra para usar la moneda común del euro) en definitiva se van en busca de nuevos horizontes comerciales, financieros y económicos. Toman el destino en sus manos.
Lo hacen abanderados por su propia gente, porque sufragaron por irse de la UE (en junio de 2016) un total de 17 millones 410 mil 742 personas; y por seguir dentro del club europeo lo hicieron a favor 16 millones 141 mil 240 ciudadanos.
Se van porque así lo quieren y estando convencidos. Lo hacen en un momento crucial para su sistema de pensiones, delicado para su programa de salud universal, incierto para su economía, y de transición en su mercado laboral.
No hay más dudas ni sucederá un milagro de último momento en pro de salvar la situación y dejarlo todo como estaba: los lazos creados desde 1973 serán otros y distintos a partir del paso de los días, de los meses y de los años. Y su pertenencia a la UE se verá como una quimera, como algo que fue y sucedió en alguna ocasión.
Futuro incierto
Aquí en Madrid hace algunos meses atrás, en Casa de América, Vértigo le preguntó al escritor peruano Mario Vargas Llosa su opinión respecto del Brexit, a lo que el Nobel de Literatura reviró afirmando que de Reino Unido “solo quedaría un paisito”.
No son pocos los intelectuales y analistas que anticipan un achicamiento de la economía británica como consecuencia del Brexit, aunque en realidad es solo una conjetura porque el hecho es inédito per se y ni la propia UE ni Reino Unido saben bien a bien a qué se enfrentarán después de activado el artículo 50 del Tratado de Lisboa que arranca el proceso de desconexión jurídica, económica, financiera y de todo tipo de lazos entre la nación insular y el bloque eurocomunitario.
Sin un precedente que usar como referencia prácticamente Reino Unido servirá de “conejillo de indias”. Lo que sí es predecible es que habrá que negociar un acuerdo de libre comercio más pronto que tarde para regular los nuevos beneficios arancelarios.
No será sencillo. Irse implica un divorcio absoluto en lo que antes eran décadas de facilidades, porque los británicos tenían derechos reconocidos en toda la UE, gozaban de ventajas fiscales, de libre circulación de personas, de servicios y de mercancías; y viceversa, porque una persona de la UE podía hacer lo propio en territorio británico. Una vez que finalice el periodo de transición todo quedará borrado.
Un periodo que abre un abanico amargo de plazos, porque desde Bruselas el gobierno comunitario señala una fase transitoria de dos años para negociar un tratado, mientras Downing Street habla de un plazo más corto de entre ocho a nueve meses como máximo para lograr un consenso.
La realidad es que Reino Unido lleva meses poniendo el foco de su mirada en un tratado con Estados Unidos para compensar la pérdida económica por romper su relación aduanera y comercial con el resto de los europeos.
Un acuerdo trasatlántico que el propio presidente norteamericano, Donald Trump, promete será rápido, sustancial para ambas naciones y lo no visto hasta ahora en acuerdos comerciales.
Johnson cree también que podrá compensar los desequilibrios en la balanza comercial de su país, la misma visión defendida por Trump respecto de su intercambio con China y que ha motivado la guerra de aranceles desde hace más de 18 meses.
Reino Unido necesitará acertar con el tipo de acuerdo comercial pretendido tanto con EU como con los europeos y encima dejar a un lado su tradicional comportamiento proteccionista.
Como señala Albino Prada, catedrático de economía de la Universidad de Vigo, el déficit comercial de Reino Unido es muy elevado (en 2017 de -7.6% del PIB) y más de la mitad de dicho déficit es con el resto de la UE (-4.6% del PIB).
“El volumen del déficit comercial de Reino Unido es de tal magnitud que el superávit de otras subbalanzas —como la de servicios— no permite corregir su desequilibrio externo. Hay un importante superávit en servicios relacionados con su City financiera y aseguradora, que comparte con otras economías atípicas dentro de la UE como Luxemburgo con 4.9% de superávit o Malta con 10.4% de superávit por cuenta corriente”, explica.
De acuerdo con Prada con Reino Unido acontece que “anota peores resultados” en su balanza por cuenta corriente en relación al PIB que, por ejemplo, Grecia o Francia, países también con ratios negativos y con una problemática situación en este aspecto dentro de la UE.
Es por ello que Johnson y su gabinete prepararán un documento suficientemente calibrado para “corregir” esos déficits en su nueva relación con la UE mediante un moderno acuerdo comercial postBrexit que no tiene aún fecha de negociación.
También está el costo del impacto del proceso de salida: tan largo ha sido —tres años y siete meses— que algunos datos de Bloomberg advierten que las arcas británicas han perdido 169 mil 800 millones de dólares. Y para 2020, una vez activado el protocolo de salida, provocará otra merma por 91 mil 450 millones de dólares.
Primeras adecuaciones
La Agencia Tributaria de España lleva un par de meses informando a todos los residentes y no residentes extranjeros británicos en la península española y sus islas respecto de las nuevas adecuaciones fiscales que sufrirán como consecuencia de perder su estatus de beneficio fiscal por ser integrantes de un país comunitario.
Desde el 29 de marzo de 2017 Reino Unido informó al Consejo Europeo que de conformidad con el artículo 50 del Tratado de Lisboa dejará de ser integrante de hecho y derecho de la UE, así como de la Comunidad Europea de la Energía Atómica.
De forma puntual el Consejo Europeo ha informado a los medios de comunicación que los tratados dejarán de aplicarse al Estado que se retira a partir de la fecha de entrada en vigor del acuerdo de abandono o, en su defecto, a los dos años de la notificación, salvo si el Consejo Europeo, de conformidad con dicho Estado, decide por unanimidad prorrogar ese plazo.
La última prórroga concedida para la extensión del plazo de salida sucedió el 29 de octubre del año pasado y con la fecha del 31 de enero marcada en el calendario como inmediata para activar el Brexit; ello significa que el Acuerdo de Retirada entrará en vigor el día 1 de febrero de 2020.
¿Qué efectos inmediatos habrá? El Consejo Europeo lo explica así: “Finalmente acontecerá la salida de Reino Unido convirtiéndose en un ‘tercer país’. El Acuerdo de Retirada prevé un periodo transitorio hasta el 31 de diciembre de 2020, durante el que se seguirá aplicando la legislación comunitaria en Reino Unido en relación al mercado interior, unión aduanera y las políticas comunitarias”.
Dicho acuerdo lo aprobó la Cámara de los Comunes en Westminster el 20 de diciembre. Conocido como WAB (por sus siglas en inglés) eliminó varias disposiciones que concedían al Parlamento británico cierto control en la ruta de negociación comercial con la UE. El documento volvió a ser ratificado por la Cámara de los Lores el pasado miércoles 22 de enero y luego enviado a Buckingham para la rúbrica de la reina Isabel II.
Hay grandes interrogantes sobre qué sucederá a partir del 1 de febrero: no únicamente compete a la movilidad de las mercancías sino también al flujo antes libre de ciudadanos de la UE.
Una vez termine la etapa transitoria los beneficios del pasaporte europeo se perderán para los británicos dentro de la UE y para todos los ciudadanos comunitarios dentro de la nación insular; dicho estatus cambiará para residir, vivir, estudiar, trabajar, hacer negocios o simplemente ir de visita.
Hace unos días el Parlamento Europeo aprobó con 610 votos a favor, 29 en contra y 68 abstenciones una resolución en la que se abordaron “la experiencia adquirida y las garantías ofrecidas” en materia de derechos de los ciudadanos.
“Las autoridades británicas exploran la posibilidad de que los ciudadanos de la UE que hayan obtenido un permiso de residencia puedan imprimir un formulario que confirme su estatus”, se dijo.
Desde Downing Street se asevera que no habrá deportaciones automáticas de ciudadanos de la UE ni violaciones de los derechos humanos en esta fase transitoria en la que habrá que tramitar un permiso de residencia; y por el momento los ciudadanos europeos que viven y trabajan en Reino Unido y viceversa para los británicos en el resto de la UE continuarán conservando esos derechos.
En diversos países de la UE residen 1.22 millones de ciudadanos británicos, mientras que en territorio británico lo hacen 3.16 millones de ciudadanos integrantes de la UE; precisamente en España reside la mayor cantidad de británicos fuera de su tierra de origen: más de 300 mil personas.
Desde que aconteció el plebiscito del Brexit una de las mayores preocupaciones del Parlamento Europeo tiene que ver con el “trato igualitario y justo” tanto para las personas de la UE como para los ciudadanos ingleses. “El Parlamento Europeo muestra especial preocupación por el sistema de registro británico y critica que no se ofrezca un documento físico como prueba del derecho a residencia y las escasas facilidades y asistencia a los ciudadanos para utilizarlo”.
Al respecto una de las últimas medidas previas al 31 de enero en la Cámara de los Lores fue aprobar una enmienda para solicitar al Ejecutivo la modificación del estatus de asentamiento sin que este tenga fecha de vencimiento.
¿De qué se trata? Conocido en inglés como Settle Scheme reglamenta “la situación de los comunitarios residentes por cinco o más años” en territorio británico, lo que les permite conservar a quienes se vean afectados por el Brexit su acceso al sistema de salud. “Todo aquel que no haya realizado la solicitud para el 30 de junio de 2021 quedará en situación ilegal, sin importar que esté casado con un británico o lleve décadas viviendo en el país”.
Después está lo que desde el Parlamento Europeo intentan evitar que suceda: la discriminación y los abusos de poder ante la pérdida de derechos. La propia Cámara de los Lores exige que las personas que regularicen su situación “tengan una prueba presencial” y no se conformen únicamente con una petición y una respuesta vía mail como está sucediendo.
La organización civil conocida como The 3 million intenta responder desde su página a cientos de solicitudes de ayuda y de orientación de personas temerosas de verse seriamente perjudicadas por el cambio de estatus.
En opinión de Luke Piper, abogado de The 3 million, hay gente buscando asesoría inquieta por perder sus derechos y “desde la organización londinense insistimos en que los derechos de los comunitarios deben quedar protegidos de manera automática y no estar sujetos a ninguna solicitud”.
Nadie sabe bien qué pasará en el futuro inmediato. Al final se acabaron los plazos fatales y el Brexit será una realidad a partir de este 31 de enero. Nada ha terminado todavía porque la pesadilla recién empieza.
Acuerdo de Retirada
Una vez activado el Brexit el 31 de enero inicia la fase de transición incluida en el Acuerdo de Retirada de Reino Unido que aprobaron la Cámara de los Comunes, la Cámara de los Lores y la reina Isabel II, así como el Parlamento Europeo.
El texto refiere un pago por compensación de 30 mil millones de libras esterlinas que realizarán las arcas británicas —por concepto de obligaciones— al bloque de la Unión Europea (UE), que además pasará de contar con 28 países integrantes a un total de 27 socios comunitarios.
También cambiará el Parlamento Europeo: de los 751 eurodiputados hay 73 asientos que correspondían a Reino Unido y ahora el Consejo Europeo realizará una redistribución de escaños en los que 27 se otorgarán a 14 países: Francia y España ganarían así cinco diputados; los Países Bajos e Italia, tres; y Suecia, Polonia, Finlandia, Dinamarca y otros seis tendrían respectivamente un representante más en la eurocámara. Los escaños restantes se guardarán para futuros países integrantes de la UE.
El acuerdo además se compromete a garantizar los derechos de los ciudadanos europeos y británicos hasta el 31 de diciembre de 2020 e instalar una frontera aduanal en el Mar de Irlanda.
Reino Unido seguirá sujeto a las regulaciones de Bruselas hasta el 31 de diciembre y la intención de Boris Johnson es lograr “cuanto antes” un tratado comercial, aduanero y de inversiones con la UE.