El movimiento de protestas callejeras que estremece a Brasil desde hace 2 semanas, obtuvo una victoria en el Congreso, luego que la Cámara de Diputados rechazó a altas horas de la noche del martes pasado, un proyecto que retiraba facultades investigativas a la fiscalía y que era objeto de una oposición enconada de los manifestantes que temieron ver debilitado el combate a la corrupción.
Previamente, varias ciudades desistieron de aumentar los pasajes de autobús y la presidenta Dilma Rousseff creó una nueva agenda de gobierno que atiende los reclamos de la población de mejor transporte público, más inversiones en educación y mayor rigor en el combate a la corrupción, como reclamaron los manifestantes.
La propuesta de enmienda constitucional, conocida popularmente como PEC 37, fue uno de los blancos predilectos de los manifestantes que por millares tomaron las calles de ciudades grandes y pequeñas de Brasil con rótulos de “diga no a PEC 37", por considerar que fragilizaría el combate a la corrupción al impedir que fiscales del Ministerio Público realicen investigaciones en casos criminales.
La cámara baja votó por 430 votos por rechazar la enmienda, con 9 votos a favor y 2 abstenciones, entre los 531 integrantes del cuerpo legislativo.