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La nueva norma coarta la libertad de elección del consumidor y daña a las empresas. -
Más de 36 mil personas, en situación de movilidad
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El senador Juan José Jiménez Yáñez, de Morena, planteó elevar a rango constitucional la obligación del Estado para que repare de manera integral el daño e indemnice a las víctimas de delitos del fuero común en el país, a través del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral que se establece en la Ley General de Víctimas, y con ello evitar recursos de amparo en contra de esa legislación reglamentaria, con lo cual, las autoridades no tendrán pretexto para combatir la delincuencia y abatir los índices de inseguridad.
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La reforma política de 2014 estableció en la Constitución General de la República la obligación de entregar recursos públicos a los partidos con registro nacional; aunado a esto las constituciones locales también mandatan la entrega de recursos estatales a las fuerzas políticas con registro local. El resultado: una doble entrega de prerrogativas que para 2020 representarán un gasto de casi diez mil millones de pesos.
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Abatir la informalidad, pues es “un obstáculo determinante”.
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Más de siete mil pacientes reciben educación de diabetes cada año.
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El diplomático advierte que las políticas implementadas por Donald Trump son peligrosas.
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La venta de madera ilegal es como la piratería: sale más caro producir bien que adquirir producto ilegal.
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Alcanzó un 43% de aprobación lo que indica que aumentó 9.1 puntos
