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En resumen: el Gobierno del Distrito Federal se hizo de una casa con un valor de mercado de 19 millones de pesos, posiblemente mucho más. La vendió a un grupo de particulares al valor del terreno, un poco más de un millón de pesos.
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A poco menos de un mes de la celebración de las elecciones en esta entidad, la lucha por la gubernatura se encuentra cerrada entre la candidata del Partido Acción Nacional (PAN), Sonia Mendoza Díaz, y el aspirante de la coalición de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (Panal), Juan Manuel Carrera López.
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Tiene a su disposición todo un séquito: 40 empleados para realizar sus tareas, entre asesores, secretarias, recepcionistas, auxiliares y choferes.
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Además de ser un excelente comentarista y un experto del boxeo, Eduardo Lamazón es una persona que lucha por los derechos de los animales.
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El Tribunal Electoral sesionará con sólo 6 integrantes durante 4 meses, pues será hasta septiembre cuando retomen el tema.
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El apoyo de casi 2,600 millones de pesos que destinarán a resarcir el daño ocasionado a los poco más de 6 mil ahorradores defraudados por la sociedad financiera popular Ficrea es calificado por analistas, legisladores y dirigentes sociales como una medida de rescate privado con fondos públicos.
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Las campañas políticas de los 9 candidatos a la gubernatura se desarrollan a la par de diversos actos de violencia.
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Creciente inseguridad, falta de apoyo al campo y de oportunidades para la mano de obra calificada, además de altos índices de desempleo figuran entre las principales demandas de la población.
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El presidente venezolano Nicolás Maduro anunció un incremento de 30% del salario mínimo y un aumento general de sueldos para los empleados públicos y militares, decisión que generó cuestionamientos entre analistas y opositores que estiman que el aumento salarial generará mayor inflación y agudizará los problemas de escasez de bienes básicos.
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El proceso electoral se desarrolla bajo nuevas reglas, con la participación de nueve partidos políticos con registro nacional y uno local.
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La nueva Ley General de Transparencia aprobada por el Congreso logra sortear lagunas que representaban cierta resistencia a uno de los logros democráticos más importantes surgidos e impulsados desde la sociedad civil en México.
