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Impugnan ante SCJN por atentar contra transparencia
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La decisión de impulsar la realización de una consulta popular en torno de los nombramientos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) bajo la actual conformación del Congreso representa para algunos un ejercicio estéril. En principio, por el derroche de recursos públicos en la organización, promoción y desarrollo de la misma y, en segundo lugar, porque ya está demostrada la bajísima respuesta de la sociedad en tales ejercicios. La situación es clara y no requiere de mayores aspavientos que solo polarizarían aún más a la sociedad.
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Avala acuerdo del Poder Ejecutivo para que esa intervención sea regulada, subordinada y complementaria
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Atenuar los efectos generaría un procedente a la certeza jurídica: mayoría de ministros
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El pueblo sabio expresó ya su opinión acerca de las consultas populares. En agosto de 2021 el presidente López Obrador promovió una para que los ciudadanos decidieran si debía enjuiciarse o no a sus predecesores en la Presidencia de la República. Como el tema no podía ser legalmente objeto de una consulta, ya que los derechos individuales no pueden ser retirados por voto popular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cambió la pregunta para referirse a los “actores políticos” del pasado en lugar de a los expresidentes con nombres y apellidos, pero sí permitió, en una votación de seis a cinco, que se llevara a cabo.
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Responde así al fallo de la SCJN que invalidó el decreto anterior
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Afectaba derecho a la información e interfería en el INAI
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Presidente del Congreso celebra resolución sobre Plan B
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Presentó Buscador de Género que permitirá localizar información con perspectiva de género.
