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La aprobación de una ley o conjunto de leyes jamás significa la clausura de una etapa histórica previa y mucho menos el corte del listón inaugural de una nueva etapa cuya aplicación entra en vigor de inmediato el día de su promulgación. Puesto de otra forma, para que una ley funcione se requiere de un trabajo jurídico que desmonte el marco normativo anterior y trabajo político-administrativo que garantice condiciones para su vigencia. -
La evaluación a los maestros en el país es constitucional y no viola el derecho humano de estabilidad en el empleo, determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al resolver el aspecto central de miles de amparos promovidos por maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en contra de la evaluación obligatoria a los docentes, establecida en la reforma educativa, el primer cambio estructural aprobado en la actual administración.
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Luego de 21 meses de proceso legal y más de 91 apelaciones e impugnaciones, el Poder Judicial Federal aceptó iniciar un juicio contra la siembra de maíz transgénico en México.
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El Consejo General del INE rechazó de manera unánime la solicitud del Partido del Trabajo (PT) de reponerle 37 mil 037 votos que según ese instituto político le fueron descontados de manera extraordinaria del resultado final del cómputo distrital del 10 de junio.
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Un estudio realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), enfocado a las elecciones intermedias del 2015, reveló que la clase política considera que la corrupción es el principal problema del país.
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Si bien el espionaje se basa en una gran cantidad de fuentes, el avance de la tecnología lo ha convertido en un virus sin vacuna.
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Sobrerregulación de los procesos, mal diseño del modelo de comunicación, sobrecarga de trabajo, centralización, deficiencias en la fiscalización y elevados costos del sistema electoral son los principales problemas.
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Expertos de la UNAM y del Colegio de México señalan que la reforma electoral de 2014 debe corregirse porque ella provocó sobrecarga de trabajo a la autoridad electoral, sobrerregulación de los procesos, centralización, costos más elevados de la organización de los comicios, inequidad y hartazgo del modelo de comunicación política.
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El resultado de la elección del 7 de junio dejó profundamente insatisfechos a quienes esperaban y/o deseaban situaciones de escándalo y estridencia que vinieran a polarizar una situación política precedente compleja pero sorteable con habilidad, organización y civilidad.
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Mucho se ha escrito sobre la muy afortunada jornada electoral en la que no se cumplieron los presagios de violencia que parecían no solo inminentes, sino incluso generalizados: escenarios listos para la cancelación de los comicios en uno o varios distritos; se dio por descontado además un anormal abstencionismo, como producto del temor a salir de casa hacia la urna para emitir el voto. Ninguna de estas variables se presentó, ni de forma extensa ni descontrolada.
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El último proceso electoral dejó pruebas de que el modelo no cumple con el cometido promover la participación de los ciudadanos en la vida pública del país; por el contrario, “bombardea”, molesta y aleja a los mexicanos con spots superficiales, no disminuye la guerra sucia entre partidos y limita la libertad de expresión.
