La diferencia de parecer en la política nos está llevando por terrenos peligrosos: llevar al campo de lo ministerial un diferendo que encuentra su génesis en las trincheras de una postura política es inducir a las instituciones a actuar en un camino sumamente equivocado. Y mucho más que eso cancelar, por uno y otro involucrado, la posibilidad de atemperar y resolver conflictos por la siempre deseada vía del diálogo y el entendimiento es abonar a la polarización que hoy tanto campea entre los mexicanos.
Por ello la denuncia presentada contra los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) es una acción que poco aporta al afianzamiento institucional en un Estado que se precia de ser democrático. En democracia y plenitud de vigencia del Estado de Derecho se respeta la autonomía de decisión y se procesa mediante vías convenidas el conflicto; en democracia también se sabe que dicha autonomía no puede equipararse al abuso ni al libertinaje que conduce a la ilegalidad. Por eso, y ante el avance en los acontecimientos relativos al tema, el equilibrio se antoja complicado una vez que se han establecido posturas afianzadas desde esquinas diferentes.
La resolución ahora se ubica en el actuar de una fiscalía que busca la acreditación generalizada entre afines y detractores y tiene en su campo de acción institucional muchos temas que complican ese afianzamiento como una instancia de investigación imparcial, ajena a los designios de la política y apegada al Estado de Derecho.
Sin embargo, para la Fiscalía General de la República el tema se convierte a su vez en bomba y moneda de cambio.
Rectificación
La ruta que jurídicamente se debe seguir, toda vez que la denuncia que presentó el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados se sustenta en la posible comisión de delitos graves, es un camino de doble filo para la FGR.
En primer término, la relatoría de hechos denunciados por el representante del Poder Legislativo podría llegar a tipificar la comisión de los delitos de abuso de autoridad y coalición de servidores públicos. Por la naturaleza de tales supuestos actos delictivos el Estado mexicano, a través de la FGR, está obligado a integrar una averiguación por considerarlos graves, ya que su naturaleza lesiona el interés general de la nación y por ello se obliga a perseguirlos de oficio. Además son posibles delitos supuestamente cometidos por servidores públicos, lo cual redobla el interés para la persecución oficiosa por parte del Estado.
No basta la expresión de falta de interés jurídico que, en un intento de rectificación del camino presentó en pasados días el presidente de la cámara baja: aun cuando ya no se aportaran elementos para la integración de la averiguación por aquella parte denunciante, prevalece la obligación para al menos integrar una carpeta mínima que seguramente tendrá que hacerse de ciertos medios de soporte para en su caso desestimar la investigación. Este último supuesto de resolución ministerial donde se determinara el no ejercicio de la acción penal al menos se tendrá que apoyar en requerimientos de información a los denunciados o en su caso, de estimarlo conveniente, el propio Ministerio Público puede llamar a declarar a los involucrados para el apoyo de su dicho y a efecto de que manifiesten lo que a su interés convenga.
El hecho es que se ha abierto un río de caudales violentos donde muy probablemente serán inevitables nuevos entuertos y raspones, incluso cuando la determinación ministerial sea la reserva de la investigación por falta de elementos existentes para perfeccionar los tipos penales denunciados.
Por otra parte, si bien es cierto que la decisión de los consejeros electorales se apega a la naturaleza de un acuerdo tomado en el seno de un organismo autónomo, el mismo no puede ir más allá de lo que el marco jurídico acota. Esto es un recordatorio de que autonomía no significa libertinaje ante la ley. Por ello la rectificación que tanto la SCJN como el TEPJF hicieron al INE respecto de su resolución de aplazar la consulta popular mandatada es un llamado de atención poderoso a quienes desubican sus capacidades y obligaciones.