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02 agosto 2022
Guillermo Deloya
Columnas

REFORMA ELECTORAL POLARIZADA

“Los temas que involucra el cambio propuesto son de muy profundo calado”.

No hay duda de que transitamos una crisis de credibilidad sobre el quehacer político, así como un cuestionamiento permanente sobre la eficacia del andamiaje que da soporte a la vida democrática en nuestro país. Los episodios históricos que nos han definido constantemente proponen un cambio y evolución de las instituciones y autoridades que actúan a favor de un sistema electoral que de suyo divide pareceres y opiniones.

Siempre en la democracia la visión de funcionalidad y convalidación positiva varía muchísimo entre quienes han tenido un cometido electoral exitoso y precisan de la conservación del poder mismo y quienes se plantean como aspirantes al acceso del poder en sí.

Nuestro país está colmado de ejemplos donde la valoración de la efectividad de esos aparatos de democracia político electorales varía cuando se está de uno u otro lado del supuesto mencionado.

Así, México entrará en una discusión que mucho más allá de la conveniencia de quienes enarbolan un signo de la política vendrá a trastocar la vida cotidiana del ciudadano en cuanto a su actuar cotidiano y subrayadamente en su reconocido derecho a ejercer a plenitud la potestad para optar entre la oferta político electoral.

Se está en la antesala de una discusión amplia y sumamente polarizada. Una iniciativa que de contaminarse de ideologías no daría una real oportunidad para hacer de ella una herramienta que perfeccione nuestra democracia.

La propuesta para una reforma electoral se publicó en la Gaceta Parlamentaria desde el 28 de abril y vendría a reformar diversos artículos de la Constitución y la legislación electoral. A partir de la pasada semana la discusión sobre la misma se elevó a la potestad de un Parlamento Abierto que, hay que decirlo, no se ha visibilizado lo suficiente y por lo tanto adelanta que no necesariamente de él derive una propuesta enriquecida.

Tópicos

Sin embargo, los temas que involucra el cambio propuesto son de muy profundo calado. Pero, también hay que decirlo, son temas que han estado en el repudio colectivo por la serie de comportamientos percibidos como abusivos que los partidos políticos y autoridades electorales han tenido en el pasado. Por ello la reforma es sumamente amplia y concede análisis para varias entregas. En este caso mencionaré solo lo relativo a financiamiento a partidos y reducción de representantes populares.

En ese primer tramo el financiamiento público a los partidos políticos ha convertido a los mismos en un verdadero negocio. La propuesta aportada por el Ejecutivo federal prevé diferenciar el tipo de financiamiento al cual accedan dichos institutos políticos. En primer término, lo concerniente a los gastos derivados de la vida funcional y administrativa se cubriría mediante el esquema de financiamiento proveniente de aportaciones de personas físicas, mientras que las actividades de campaña serían cubiertas en un esquema mixto de financiamiento público y aportaciones de privados.

Un esfuerzo que es plausible al forzar a los partidos políticos a generar esquemas de vinculación permanente con la ciudadanía, que se convertiría en proveedora. El riesgo, sin embargo, es la puerta que puede quedar abierta hacia la opacidad, así como la presencia de recursos de procedencia criminal.

Por otra parte la propuesta de reforma prevé una considerable reducción de representantes populares. Esta demanda ya se ha puesto en innumerables ocasiones sobre la mesa. No obstante, un menor número de legisladores no significa un mejor ejercicio legislativo. Reducir de 500 a 300 los diputados federales contraviene además un principio de amplitud sobre la representatividad que desde la población se origina. Y por otro lado resultaría sumamente conveniente elevar el rasero de aptitud, profesionalización y perfil del legislador para que quienes accedan a los curules sean reales profesionales de uno de los poderes constituidos.

En el otro polo, atendiendo al principio de representatividad que atañe a las entidades federativas por medio del actuar legislativo de los senadores, ahí sí bien puede convenirse una reducción de estos como está propuesto, ya que en los esquemas actuales para el acceso por listas nacionales se permite que esos escaños sean premios y refugios para aquellos a quienes los partidos políticos adeudan favores.

En las futuras líneas que se me concedan escribir abundaremos sobre otros tópicos.