A la distancia que intermedia entre mi participación de la pasada semana y estos días existe una evolución en los planteamientos que componen a la pretendida reforma electoral.
Recién analizamos qué implicaba el financiamiento público y no diferenciado hacia los partidos políticos y lo tocante a la reducción de la representación popular, personificada en diputados y senadores.
Quizá dejamos lo más importante y sustancial para estas líneas. No podría ser de otra forma cuando la intención es modificar orgánicamente a las instituciones responsables del correcto funcionamiento de la democracia político-electoral en nuestro país.
Amplia y conocida ha sido la discusión en este tema. La obligación será tratar la discusión sobre el funcionamiento, integración y facultades del Instituto Nacional Electoral (INE) con absoluta objetividad y desapego de ideologías en el campo de la política; y ceñirse en consecuencia a la objetividad que deriva del saber que cualquier entidad pública puede evolucionar hacia su perfeccionamiento. La premisa de modificar o reformar siempre debe atender hacia un solo flanco: el beneficio ciudadano.
Así, una transformación del INE tendría que cumplir con algunos presupuestos, como incentivar y mejorar las vías de participación ciudadana, fortalecer la representatividad, darle mayor importancia al pluralismo político y, por supuesto, conseguir que las autoridades electorales funcionen bajo estrictos criterios de imparcialidad, eficiencia y racionalidad.
La gran pregunta es si actualmente el INE está en esos parámetros de cumplimiento, no ante el parecer de los partidos políticos sino ante la convalidación que debe obtener por la ciudadanía.
Facultades
Ha sido grande el rechazo cuando el favorecimiento principal por el andamiaje legal existente se orienta a la creación de grandes burocracias dentro de órganos y estructuras que soportan a las autoridades electorales. Lo anterior, aunado a la percepción que se generaliza respecto de un rechazo a los partidos políticos en cuanto al cómo se organizan y funcionan actualmente, deja un gran margen para discutir qué es susceptible de cambiarse.
No se trata solamente de reducir con desenfado una estructura sino de hacer más eficientes sus procedimientos y maximizar el provecho de sus recursos en tiempos de astringencia económica. Sin embargo, contaminar las discusiones y propuestas con tonos de revanchismo político puede diluir la oportunidad de mejorar y solucionar puntos fundamentales y perderse en un intercambio estéril que no lleve a mejor puerto.
Un caso concreto que amerita especial dedicación en su análisis lo constituye el conflicto de funciones y facultades que peligrosamente surgen entre el INE y un poder constituido, como lo es el Legislativo. Ahí han sido sonadas las ocasiones en que el instituto y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) han adoptado facultades extraordinarias para crear legislación. Esto es realmente delicado cuando se tiene claro lo que mandata el artículo 49 de nuestra Constitución al depositar con exclusividad las facultades de legislar en el poder correspondiente. La intromisión en tales terrenos no solo desequilibra el sistema constitucional en su conjunto, sino que se enmarca en un plano controversial y litigioso que demerita más cualquier resolución o mandato que devenga del organismo autónomo o del tribunal correspondiente.
Ese ejemplo es uno de muchos que van más allá de un cambio de nomenclatura o de una reducción estructural.
Más aún, el reto fundamental de una reforma electoral ampliamente discutida y orientada al ciudadano y no a los partidos políticos es cómo romper una barrera de separación que se ha edificado a lo largo de años y fortificado en la desconfianza que generan los malos ejemplos.
Estamos en un momento crítico para la democracia, donde los partidos han perdido la capacidad de diálogo hacia el ciudadano y han virado su mensaje hacia la vida interna de los mismos, que poco interesa al común del mexicano. Estamos en un cuestionamiento justificable del cómo los intereses de los partidos son aquellos que están representados en las sillas de los consejeros, más allá de generar identidad con la preocupación del ciudadano.
Estamos en momentos donde vemos cómo la pelea por el escaño y representatividad abanderada por un signo de la política se convierte en una batalla a navaja y nada propone hacia un México que espera soluciones a grandes problemas. Ahí está el reto; esperamos las respuestas.