La determinación del INE para llamar al presidente a evitar, con base a las normas vigentes, hablar de los aspirantes de otros partidos políticos llevó a Andrés Manuel López Obrador a señalar que lo quieren silenciar.
Preguntó dónde quedan la libertad de expresión y el derecho de réplica, un juego verbal que en atención a las normas que prevalecen en materia político electoral resulta, por decir lo menos, inadecuado.
Lo que permitió en el corto plazo fue recordar que una de las principales causas por las que luchó la oposición durante el prolongado periodo del priismo en la titularidad del Poder Ejecutivo fue la de evitar que el presidente en turno se inmiscuyera en el proceso sucesorio.
En aquella época López Obrador y el entonces icónico PRD promovieron una iniciativa de ley que permitió establecer los términos de la denominada veda electoral. En el fondo, los funcionarios de todo nivel de gobierno están impedidos de realizar actos de promoción, distribución de programas sociales o cualquier actividad tendiente a cooptar o coaccionar el voto sobre la base del presupuesto público, los tiempos oficiales y los recursos del Estado.
Por otra parte, no hay que olvidar que, pese a que como presidente López Obrador ha insistido en hacer uso del derecho de réplica, recientemente no le permitió a Xóchitl Gálvez ejercerlo, a pesar de contar con un mandato judicial. Quien exige está obligado a dar.
Órdenes del INE
El 14 de julio el instituto ordenó al presidente abstenerse de hacer comentarios sobre Gálvez, aspirante del frente opositor, durante su conferencia matutina. Lo anterior derivado de una queja ingresada por ella.
La Comisión de Quejas y Denuncias determinó que, con los comentarios vertidos en sus conferencias mañaneras López Obrador vulneró los principios de neutralidad y equidad. En los hechos, el presidente mencionó en ocho conferencias matutinas a Gálvez en un contexto de crítica.
Además, la Comisión de Quejas y Denuncias concedió medidas cautelares contra las giras y asambleas informativas que realizan los seis aspirantes presidenciales de Morena, PT y PVEM.
Ordenó a Morena que los actos realizados durante los recorridos, denominados “asambleas informativas”, no contengan elementos proselitistas. Estableció que se deben realizar preferentemente en sitios cerrados o del mismo partido, como oficinas estatales, municipales o auditorios. E instruyó a los participantes en el proceso interno de Morena a dirigir sus actividades solo a militantes y simpatizantes.
La respuesta de Morena fue inmediata. Afirmó que ha cumplido la obligación impuesta en el acuerdo ACQyD-INE-104/2023 “en el sentido de que, en todo tiempo, nos debemos ajustar a los límites y parámetros constitucionales y conducirnos acorde a los principios de legalidad y equidad”.
Estableció que no comparte el señalamiento incluido en la resolución de que no debe haber elementos proselitistas en los eventos de los aspirantes. Subrayó que “la narrativa de la derecha y el acoso de algunos funcionarios del instituto, que se presentan en los eventos, quieren confundir y utilizar cualquier expresión espontánea de la gente para descontextualizarlos”.
En este contexto Morena sigue dominando el panorama electoral, en tanto que el frente opositor no termina de arrancar, luego de que en principio falló el mecanismo de recolección de apoyos y los organizadores tuvieron que ampliar el plazo.