Una tragedia natural suele revelar la calidad real de un Estado. No porque un gobierno pueda impedir que la tierra tiemble sino porque sí puede prepararse mejor, reaccionar más rápido, informar con más claridad y coordinar con mayor eficacia. Los terremotos que golpearon a Venezuela no solo derrumbaron edificios: exhibieron las grietas de un aparato público acostumbrado a controlar el relato, pero mucho menos capaz de administrar una emergencia de gran escala.
Los datos son estremecedores. Un sismo de magnitud 7.5 sacudió el país el 24 de junio, con epicentro cerca de Morón y a poca profundidad. Le siguió otro de 7.2 y cientos de réplicas que han mantenido en vilo a la población. El saldo supera ya los dos mil 200 fallecidos y más de cinco mil heridos. Cerca de 1.8 millones de personas necesitan asistencia humanitaria, entre ellas unos 680 mil niños. El sistema sanitario está bajo presión severa, con hospitales dañados y riesgo de brotes epidémicos.
La primera obligación ante una catástrofe de esta magnitud es la verdad. No una verdad administrada por conveniencia política sino información precisa, verificable, actualizada y completa. En las horas decisivas de un desastre cada minuto de opacidad cuesta vidas: una ruta cerrada que no se reporta, un hospital colapsado que no se reconoce, una zona incomunicada que no se prioriza, una cifra maquillada que impide dimensionar la ayuda necesaria.
Cuestionamientos
Aparece el primer cuestionamiento. La emergencia exigía coordinación técnica; recibió, en demasiados momentos, comunicación política. Exigía apertura plena a rescatistas, organizaciones humanitarias, gobiernos amigos, periodistas y sociedad civil; encontró un Estado más cómodo jerarquizando la narrativa que facilitando toda la información disponible. En una catástrofe el gobierno no debe ser dueño de la tragedia: debe ser servidor de las víctimas.
El segundo problema es la capacidad. Venezuela llega a esta emergencia después de años de deterioro institucional, crisis económica, migración masiva, precariedad hospitalaria y debilitamiento de servicios públicos. Un terremoto de gran magnitud siempre rebasa; pero rebasa más a un país que ya vivía rebasado. Si antes faltaban medicamentos, personal médico, combustible, agua o electricidad, después de los sismos esas carencias se vuelven dramáticas. La naturaleza golpeó fuerte; la fragilidad acumulada multiplicó el daño.
El tercer punto es la confianza. Los gobiernos autoritarios suelen creer que la confianza se decreta. No es así. La confianza se construye antes de la emergencia, con instituciones creíbles, datos abiertos, prensa libre, protección civil profesional y ciudadanía tratada como adulta. Cuando el poder ha pasado años persiguiendo disidencias y controlando información, resulta más difícil pedirle a la sociedad que crea ciegamente en sus reportes durante la tragedia.
Por eso el mal manejo no se mide por el número de brigadas enviadas o por los comunicados oficiales. También se mide por la lentitud percibida en los rescates, por la falta de maquinaria pesada en zonas críticas, por la desesperación de ciudadanos removiendo escombros con sus propias manos, por la incertidumbre de familias que buscan desaparecidos.
La ayuda internacional, por fortuna, ha comenzado a fluir. Pero la ayuda no sustituye al Estado: lo complementa. Para que funcione necesita puertas abiertas, logística limpia, permisos ágiles, canales transparentes y ausencia de mezquindad política. En una tragedia humanitaria, aceptar ayuda no es signo de debilidad: es un deber moral. La soberanía no consiste en aislar el dolor nacional sino en proteger a la población con todos los recursos disponibles.
Venezuela vive hoy una hora de duelo, y ese duelo merece respeto. Nadie debería convertir el sufrimiento de miles de familias en botín ideológico. Pero respetar el dolor no significa guardar silencio ante los errores del poder. Al contrario: cuando hay muertos bajo los escombros la crítica responsable se vuelve una forma de defensa de la vida.
La lección es regional. América Latina está expuesta a terremotos, huracanes, inundaciones y sequías cada vez más frecuentes. La diferencia entre desastre natural y catástrofe nacional suele depender de la preparación institucional. Protocolos, simulacros, construcción segura y hospitales resilientes no lucen en campaña, pero salvan vidas cuando el suelo se abre.
Porque los terremotos no se pueden evitar. Lo que sí puede evitarse es que un Estado debilitado, opaco y desconfiado convierta el temblor de la tierra en una segunda sacudida contra su propia gente.