Con miras a reducir las emisiones de carbono y Gases de Efecto Invernadero (GEI) en la Ciudad de México, recientemente la Comisión de Medio Ambiente del Congreso capitalino aprobó una iniciativa que busca prohibir la venta y circulación de vehículos de gasolina en 2050.
El objetivo de la iniciativa es establecer fechas concretas para la existencia única de automóviles eléctricos para 2040 dentro de la demarcación, así como incentivar la eliminación de los vehículos de combustión interna para 2050.
La propuesta, presentada por el diputado Jesús Sesma Suárez, del Partido Verde, adiciona para ello un artículo octavo transitorio a la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable para la CDMX.
“La movilidad eléctrica tiene ventajas que destacan sobre los vehículos de combustión interna, como menores necesidades de mantenimiento, menos pérdida de energía y uso de tecnologías más limpias y silenciosas, así como importantes ahorros económicos en el largo plazo”, comentó Sesma.
El diputado destacó que su propuesta es congruente con el Programa de Acción Climática de la Ciudad de México (PACCM) 2020-2026, ya que busca evitar el uso desmedido de transportes con altas emisiones de contaminantes, cambiando a formas de movilidad más sustentables y mejorando la infraestructura y las tecnologías disponibles, con un fuerte impulso a la electromovilidad.
Además, señaló que ciudades similares a la CDMX deberían adoptar este tipo de medidas “para poder bajarle a los coches que utilizan diésel o combustibles fósiles como gasolina”.
La otra cara
Al respecto especialistas recalcan que a pesar de los beneficios que puede traer a la ciudad un parque vehicular completamente eléctrico o híbrido, el riesgo de contaminación es ineludible.
Heberto Ferreira Medina, investigador del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM, señala que “es muy atractiva la idea de que un vehículo eléctrico no contamina con GEI porque ya no consume combustibles fósiles. Sin embargo, si no contamos con los procesos para reciclar sus baterías al final de su vida útil tendremos un problema muy grave de contaminación de la tierra y de aguas superficiales y subterráneas”.
Las baterías de los autos que se distribuyen en México tienen una vida útil de cuatro a cinco años, después de la cual deben sustituirse. Además, los especialistas advierten que la fabricación de dichas fuentes de energía requiere hasta seis veces la cantidad de metales como cobalto y níquel, por lo que los efectos negativos de la minería son mayores y las posibilidades de reciclaje ínfimas.
Por si fuera poco, en la actualidad no existen vehículos que impliquen cero emisiones de GEI. En todo caso, lo que hay es una reducción, misma que debe compaginarse con estrategias y políticas ambientales que promuevan la absorción de dichas emisiones de modo que no puedan alcanzar la atmósfera.
Transporte para todos
De acuerdo con datos del INEGI en 2021 había un total de seis millones 235 mil 773 vehículos registrados en la CDMX. Y según la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) en todo el país se vendieron poco más de 47 mil vehículos híbridos y eléctricos.
En cambio, ese mismo año se reportó que más de 800 millones de pasajeros utilizaron el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.
Por lo anterior, la propuesta presentada en el Congreso de la CDMX se relaciona con otro tipo de variables, como la gran cantidad de gente que diariamente transita hacia la ciudad para trabajar y que recurre al transporte público por no tener capacidad económica para adquirir un vehículo particular.
El secretario de Movilidad capitalino, Andrés Lajous, reconoce este problema como uno de desigualdad, manifestado principalmente en los costos y tiempos de traslado. Así, los viajes más largos y caros son los de la población con menores ingresos, habitantes de las periferias de la ciudad. “Esos viajes de hasta tres horas muchas veces son en varios modos de transporte; hay que hacer transbordos del transporte público del Estado de México al de la CDMX”, señaló durante el reciente Foro de Infraestructura 2022 de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).
Por ello se han invertido casi 60 mil millones de pesos en proyectos para mejorar y ampliar el STC Metro, como la Nueva Línea 1, la ampliación y rehabilitación de la Línea 12 y el proyecto Metro-Energía, con el que se modernizará el suministro de energía eléctrica de las líneas 1, 2 y 3. Además, se han extendido las líneas 3, 4 y 5 del Metrobús y se han comprado autobuses eléctricos.
Más aún: a mediados de este mes la Semovi y Nacional Financiera firmaron un convenio para promover la electromovilidad y la transición a energía eléctrica de los vehículos de transporte público en la ciudad. Con recursos del Banco de Desarrollo del Estado de la República Federal de Alemania (KfW, por sus siglas en alemán), se otorgarán a taxistas apoyos de hasta 180 mil pesos para que sustituyan sus unidades por automotores híbridos o eléctricos.
A pesar de ello, los temas ineludibles respecto de este tipo de vehículos son la localización de las estaciones de carga y los precios.
Según la AMIA, desde 2020 se han construido solamente 271 estaciones en la CDMX, cuya gran mayoría se encuentra en las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón.
Respecto de los precios, en 2022 el costo más bajo para vehículos de este tipo es de alrededor de 450 mil pesos, más del doble de lo que cuesta el coche más barato con motor de combustión interna.
Para el Gobierno de la CDMX y la Semovi “la prioridad ha sido atender a las personas que más lo necesitan; es decir, mejorar la infraestructura de transporte en aquellos lugares que consideramos periféricos e incluso en su conexión con el Estado de México”, a decir de Lajous.
¿Pasaporte de batería eléctrica?
En abril pasado una agrupación de once empresas, entre las que se encuentran Audi y BMW, propusieron la creación de un “pasaporte de baterías”, es decir, un certificado que dé cuenta de la huella de carbono de las baterías eléctricas en Europa. El proyecto busca implementar medidas para cuantificar la contaminación de los vehículos eléctricos, obligando a los fabricantes a colocar códigos QR en las baterías. Hasta ahora han recibido poco más de ocho millones de euros para consolidar el Battery Passport. Esta herramienta ayudaría igualmente a reconocer y reciclar los componentes de las baterías eléctricas.
Fuente: Reuters