Cdmx, 22 de abril de 2026.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que, durante una audiencia celebrada el 14 de abril, se aprobó la suspensión condicional del proceso penal por el desmonte ilegal de vegetación costera en Sisal, Yucatán, lo que obliga a reparar el daño ambiental mediante la reforestación de la zona afectada.
Como parte de la resolución, se deberá restaurar un polígono de 4.3 hectáreas de duna costera, matorral y manglar, mediante la siembra de al menos 4,800 plantas nativas —1,200 por hectárea—, además de un 20% adicional para garantizar la supervivencia de la vegetación.
Las especies contempladas incluyen mangle botoncillo, palma chit, uva de mar, anacahuita, riñonina, verdolaga de mar y altanisa de mar, todas fundamentales para la estabilidad de los ecosistemas costeros.
El programa de restauración contempla actividades como preparación del terreno, apertura de cepas, reforestación, riego, mantenimiento, reposición de plantas y monitoreo constante, mediante jornadas semanales de trabajo hasta lograr la recuperación del área.
Además, se establecieron medidas de no repetición, entre ellas acciones de educación ambiental y la elaboración de materiales audiovisuales para concientizar a la población sobre el impacto del daño ecológico. Estas actividades estarán supervisadas por la Profepa.
El caso se originó por la tala y desmonte ilegal de vegetación en terrenos ganados al mar, donde se afectaron manglares protegidos por la normativa ambiental mexicana. Este tipo de delito puede alcanzar penas de hasta nueve años de prisión.
La Profepa detalló que desde febrero de 2025 realizó inspecciones y clausuró predios en la zona afectada, lo que permitió frenar la remoción de vegetación y la lotificación irregular en un ecosistema altamente vulnerable. Asimismo, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República, que derivó en el proceso penal correspondiente.
De forma paralela, autoridades ambientales, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), impulsaron mesas de diálogo y acciones comunitarias para atender el daño ambiental y prevenir nuevas afectaciones.
La suspensión condicional del proceso tendrá una duración de cinco años. En caso de incumplimiento de las medidas de reforestación y reparación del daño, el proceso penal se reanudará conforme a la ley.