La pesca ilegal representa en México casi la mitad de toda la industria nacional y sus principales destinos son Asia y Estados Unidos: aunque se han promovido iniciativas y acuerdos para reducir este fenómeno, el sector continúa enfrentando otro tipo de problemas económicos y sociales.
Recientemente el pleno del Senado aprobó el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto (AMERP) de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés).
Con ello se estableció que México se unirá al tratado, implementará mejores medidas para la práctica y sostenibilidad de la pesca, además de que impulsará mejores estrategias para prevenir la pesca ilegal.
La vinculación se da casi 14 años después de la conformación del acuerdo, en noviembre de 2009, y luego de que en 2022 EU estableció regulaciones contra navíos mexicanos por infringir algunas de sus reglas.
En México la pesca ilegal representa hasta 40% de esa actividad y pone en riesgo no solo a toda la industria, sino a la biodiversidad nacional.
Convenios
Durante la justificación del dictamen en el pleno de la cámara alta la presidenta de la Comisión de Marina, la senadora priista Verónica Martínez García, señaló que es fundamental acceder a mecanismos que fortalezcan los marcos jurídicos, normativos e institucionales de la industria.
Puntualizó que “es necesario impedir que los buques que realizan pesca ilegal utilicen los puertos mexicanos para desembarcar, transbordar, empaquetar y procesar sus capturas”.
Entre otras cosas, el AMERP obliga a los miembros a mejorar el control de sus puertos, identificando a los buques que hayan incurrido en la pesca ilegal, no documentada y no reglamentada (INDNR). Por ello requiere de una cooperación entre todos los participantes para establecer intercambios de información más eficaces sobre los acuerdos pesqueros regionales.
Para lograr lo anterior, el acuerdo obligaría a México a recopilar información más precisa y completa sobre su flota de buques pesqueros, los puertos a los que llegan y los productos que procesan. Además de que se vería sometido a diversas evaluaciones por parte de otros Estados miembros.
Así es más difícil que se comercialicen pescados y mariscos resultados de la pesca INDNR, reduciendo además el incentivo económico de quienes incurren en estas actividades.
Por si fuera poco, algunos miembros del acuerdo han decidido prohibir el comercio con países que no han adoptado las medidas, por lo que más allá de prescripciones o marcos jurídicos también habría un beneficio económico para nuestra nación.
Actualmente, alrededor de 75 países forman parte del tratado. Los más importantes por su relación comercial con México son China, EU, Canadá, Japón, Chile, Perú, Corea del Sur y Ecuador.
De hecho, durante la discusión en el pleno el senador Rogelio Zamora Guzmán, del Partido Verde (PVEM), señaló que el gran destino de los productos de la pesca INDNR en nuestro país es el mercado asiático, donde hacen uso de peces en peligro de extinción para elaborar productos de belleza y medicinales.
“Por eso creemos que con la aprobación de este acuerdo vamos a contribuir a la conservación a largo plazo y al uso sostenible de los recursos marinos y sus ecosistemas en nuestro país”, agregó.
Riesgos
Por su riqueza biológica y su posición geográfica, los mares de Baja California son donde más se incurre en la pesca INDNR. Tan solo a mediados de febrero, tras un operativo de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), se aseguraron más de 90 toneladas de especies marinas atrapadas en dos barcos nacionales sin permiso para realizar tal actividad.
Más aún, uno de los casos más notables y que ha cobrado relevancia en los últimos años es la pesca de la totoaba, un pez originario del Golfo de California que, según afirman, tiene propiedades afrodisíacas, razón por la que es altamente buscado en China, Japón y EU.
De acuerdo con la Secretaría de Gobernación (Segob) la totoaba puede medir hasta dos metros y pesar hasta 100 kilogramos, por lo que llega a cotizarse hasta en ocho mil dólares (alrededor de 150 mil pesos mexicanos) en mercados de otros países. No obstante, la pesca de este animal pone en riesgo a otras especies, como la vaquita marina, puesto que los pescadores ilegales utilizan redes de más de dos metros de longitud. Es decir, terminan por cazar a más animales de los que pretenden.
Desde 1991 la totoaba fue declarada oficialmente en peligro de extinción, aunque su comercialización continúa en algunos puertos del Pacífico y hasta en restaurantes de alta cocina en el área metropolitana.
Hace unas semanas la Misión Permanente de México ante la ONU presentó un plan de acción internacional para mantener a salvo a la especie, evitar su comercialización y su eventual extinción.
Entre las acciones propuestas está impedir el ingreso de buques al Área de Cero Tolerancia, vigilar el cumplimiento de los sitios de embarque y desembarque y la implementación de un programa de pesca sustentable.
Además, la doctora Blanca Alicia Mendoza Vera, titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), instó a EU y a China para que asuman su responsabilidad en las acciones para proteger a esta especie y a la vaquita marina.
“El crimen organizado captura a la totoaba con el afán de obtener la vejiga natatoria, que tiene un altísimo costo en las regiones asiáticas, pero no solamente ahí sino también en EU, que es un país de tránsito y que, consideramos nosotros, también ya lo es de destino”, detalló.
Cabe señalar que a principios del año pasado EU aplicó dos sanciones en materia pesquera a nuestro país y hasta denunció que México ignoraba las obligaciones del TMEC al no promover la pesca sustentable ni combatir la INDNR.
Retos
Aunque podría parecer que el panorama avanza hacia el control y la sustentabilidad de la pesca, la realidad es otra: nuestro país enfrenta todavía muchos desafíos al respecto.
Por un lado, la participación de México en el AMERP supondrá un gran costo para el gobierno porque la vigilancia marítima y la capacitación de inspectores pueden ser sumamente costosos. No obstante, el instrumento internacional también promueve el establecimiento de mecanismos de financiamiento y de asistencia técnica y económica; y, por otro, deberá designarse a una autoridad que actúe como enlace con otros miembros del convenio y que tendrá que realizar estudios para designar cuáles puertos serán aptos para el desembarque de buques pesqueros.
Lo anterior supone a su vez crear medios para que las embarcaciones y los pescadores se sometan a las inspecciones necesarias y cooperen con las autoridades competentes.
Por si fuera poco, hay proyectos nacionales que han obligado al sector pesquero a buscar soluciones junto con el gobierno federal. El 10 de marzo, por ejemplo, algunas organizaciones pesqueras de Veracruz buscaron entablar un diálogo con la secretaria de Energía, Rocío Nahle, por las implicaciones de construir gasoductos marinos en el litoral del Golfo de México.
Durante una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, señalaron que no están contra la construcción de los gasoductos Texas-Tuxpan y Tuxpan-Dos Bocas, sino que les preocupa el impacto que podría tener en las actividades acuícolas.
“Queremos sumar esfuerzos con la Secretaría de Energía (Sener) y con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que el desarrollo energético se dé en el litoral del Golfo, en especial nuestro estado, pero que también se prevea el sector pesquero en este crecimiento”, destacaron.
Detallaron que el litoral de Veracruz es de 745 kilómetros y posee más de diez mil pescadores, “nueve mil 342 embarcaciones menores, así como 63 embarcaciones mayores, que se dedican a la pesca de atún y escama marina”.
La cantidad de trabajadores en el sector pesquero es otro de los problemas a resolver ya que si bien se implementarán medidas que requieren de más personal y mejor capacitado, la población ocupada ha disminuido en los últimos años.
Según DataMéxico, del primer trimestre de 2020 al cuarto trimestre de 2022 las personas dedicadas a la pesca han pasado de ser más de 120 mil a alrededor de 108 mil.
Los estados en donde más se ha reducido ese personal son Sinaloa y Baja California Sur, precisamente donde abunda la pesca ilegal. Tan solo en Sinaloa, durante el año pasado se reportaron más de 30 denuncias sobre pesca INDNR.
Más aún: según el Observatorio Laboral el sector pesquero es el segundo donde se concentra el porcentaje más alto de personas mayores de 45 años y, a su vez, uno de los que menos interés genera en los jóvenes.
Así, a pesar de que se implementarán nuevas medidas para atender la pesca INDNR y se promoverá la sustentabilidad en el sector, se aproxima un necesario cambio generacional que, según parece, está lejos de llegar.
Denuncias por pesca ilegal
(México 2022)
Sinaloa 31
Tamaulipas 22
Veracruz 16
Sonora 14
Colima 13
Jalisco 12
Campeche 8
Quintana Roo 8
Yucatán 7
Baja California Sur 5
Nayarit 5
Chihuahua 4
Baja California 3
Michoacán 3
Oaxaca 3
Tabasco 3
Chiapas 2
Aguascalientes 1
Durango 1
Guanajuato 1
Nuevo León 1
San Luis Potosí 1
Fuente: Conapesca
Estados con más trabajadores en el sector
(2022, aproximado)
Oaxaca 17 mil 200
Veracruz 15 mil 500
Sinaloa 13 mil 400
Sonora 13 ml 400
Yucatán Doce mil
Fuente: DataMéxico