El Congreso de la Unión tiene en la mira un proyecto legislativo que modificaría de raíz uno de los graves problemas nacionales: se busca revertir el poco éxito en la reinserción social de miles de presuntos delincuentes, cuyas políticas públicas hasta el momento se han manejado bajo un modelo que genera un círculo vicioso en los reclusorios, ya que se gasta mucho del erario en manutención de los presos pero no se les reincorpora a la sociedad como ciudadanos participativos en el desarrollo de México.
De hecho, dada la anarquía en los penales en toda la República, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, pidió al Poder Legislativo sacar avante la Ley Nacional de Ejecución Penal, a través de la cual se podrá concretar la urgente modernización del Sistema Nacional Penitenciario, que atraviesa por una crisis de legalidad, saturación y un ineficaz sistema de readaptación social de los internos.
Indicadores institucionales y de organismos de derechos humanos revelan la evidente problemática en esos centros penitenciarios y señalan que de aprobarse la reforma legislativa se pondría orden en el sistema administrativo carcelario de municipios, estados y la Federación en general.
Datos duros
De acuerdo con cifras recientes de la Secretaría de Gobernación (Segob) la saturación de cárceles es cada vez mayor en México, ya que de septiembre de 2013 a septiembre de 2014 ingresaron diez mil reos más, con lo que suman un total de 233 mil 537 presos en los 419 centros penitenciarios que hay en todo el país, lo cual equivale a un aumento de 4.5%, aunque la capacidad carcelaria en todo el territorio es de apenas 169 mil 900 espacios: ello se traduce en una sobrepoblación de casi 63 mil 637 presos.
Los indicadores de la Segob revelan también que esa sobrepoblación evidentemente rebasa las políticas públicas para garantizar la readaptación social de los presos, pues equivale a 2.3 veces más que la capacidad física que existe: hay más de dos presos por cada uno que debería haber.
Otro dato: la manutención de los reos que se encuentran en las 21 cárceles federales de México costó en 2014 un total de mil 703 millones 209 mil 173.49 pesos, gasto que equivale a más de cuatro millones 600 mil pesos diarios para mantener a los alrededor de 22 mil 731 internos que había en estos centros según cifras que el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) entregó en respuesta a una solicitud de información vía el Instituto Nacional de Información (INAI).
Tal monto es mayor al presupuesto que para 2015 se asignó a órganos autónomos como la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), que tiene presupuestados 478 millones de pesos; el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), que cuenta con mil 20 millones, o la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) con mil 465 millones de pesos.
Del dinero gastado en mantener a los reos de cárceles federales durante 2014, el rubro más alto corresponde al de la alimentación de los internos, con mil 476 millones de pesos, de acuerdo con las cifras del OADPRS, órgano que forma parte de la Comisión Nacional de Seguridad, dependiente de la Segob.
Ley en marcha
El anteproyecto de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en poder de este semanario, consta de 197 artículos y 13 transitorios donde se delinean toda una serie de tópicos que modernizarían la convivencia de los reclusos, tanto los que cumplen sus condenas como aquellos que aún no tienen sentencia, para que puedan reincorporarse a la sociedad.
Es decir, menciona en su objetivo central que “la presente ley tendrá por objeto establecer las normas que habrán de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, así como en la ejecución de penas y medidas de seguridad impuestas como consecuencia de la comisión de un delito, ya sea del fuero federal o común, así como establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de su ejecución”.
Entre algunos preceptos a destacar está el artículo 87, Complementariedad del trabajo penitenciario, el cual prevé que “la participación de los sentenciados en programas de trabajo penitenciario será independiente de las actividades educativas, artísticas, culturales, deportivas, cívicas, sociales y de recreación, indispensables y complementarias para su reinserción social”.
Otro es el artículo 88, denominado Industria penitenciaria, en el que se propone que “el sistema penitenciario nacional celebrará convenios con las instituciones del Estado y con las cámaras empresariales nacionales e internacionales, para el desarrollo de actividades en la industria penitenciaria para la generación de diversas actividades productivas en las que participen los sentenciados, privilegiando la participación de las instituciones del Estado”.
En puerta
La nueva ley estaría lista en este periodo ordinario de sesiones, pese a la complejidad y el desafío que implica garantizar la gobernabilidad en centros penitenciarios y salvaguardar los derechos humanos de internos, afirma la senadora Cristina Díaz Salazar.
La presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado de la República expone que hay grandes avances: “Estamos seguros de que iniciado este periodo estaremos casi listos para llevarlo a comisiones y presentarlo al pleno del Senado”.
La legisladora del PRI explica que a unos días de que concluyera el anterior periodo ordinario de sesiones en la cámara alta, los senadores de las comisiones unidas estuvieron a punto de llegar a las conclusiones finales del dictamen.
Sin embargo, precisa, la misma complejidad de los temas los obligó a detenerse, a volver a observar con cuidado todos los señalamientos al respecto, a fin de revisar la reforma de una manera integral y no incurrir en apresuramientos u omisiones que dieran por resultado una normatividad incompleta o hecha al vapor.
Díaz Salazar resalta que el tema del presupuesto para la modernización del sistema penitenciario también ha sido de gran relevancia en los trabajos legislativos. “Lo que estamos observando es que es muy importante que en este periodo de la Legislatura LXIII vayamos de la mano con nuestros compañeros de la Cámara de Diputados”, revela.
Y añade que ello debido a la necesidad de “buscar las condiciones de un presupuesto que haga viable esta nueva Ley Nacional de Ejecución Penal, que formará parte de un andamiaje jurídico necesario para el nuevo sistema penal”.
Cabe señalar que el Congreso de la Unión lleva más de dos años trabajando en el proyecto y en busca de puntos de equilibrio para garantizar tanto el pleno funcionamiento del sistema penitenciario como la seguridad versus protección de derechos humanos de internos.
Ante ello, la senadora Díaz adelanta que “esta nueva ley tendrá como objetivo primero instaurar un sistema homologado de mecanismos de ejecución de sanciones penales que permitan la gobernabilidad de estos centros de privación de la libertad, pero siempre buscando garantizar el pleno respeto a los derechos humanos de las personas recluidas”.
—¿Pondrá orden esta ley en la reinserción social?
—Los centros penitenciarios en México se han convertido en ámbitos donde imperan arbitrariedad, violencia y corrupción. Esto es el resultado de más de 15 años de desatención al problema carcelario en el país; y es también generado por la apatía de los ciudadanos, que han preferido no mirar hacia las cárceles. Un sistema penitenciario que funcione de forma adecuada es un aspecto necesario para garantizar la seguridad de la ciudadanía y la buena administración de justicia.
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