La puesta en marcha de la segunda etapa de la estrategia de combate contra el crimen organizado dejó en claro la percepción del tamaño del problema: las bandas delictivas se han apoderado de espacios territoriales de la soberanía del Estado nacional. La decisión de organizar una lucha frontal tiene que ver con una política de Estado.

Si se revisa a fondo el contenido del Pacto por México firmado por las tres principales fuerzas políticas con el nuevo presidente de la República, el primer dato que salta a la vista es su tardanza: un documento similar debió haber sido impulsado en 2000 para reformular el entonces anquilosado régimen priista. Por eso llama la atención que el PRI haya sido el impulsor de las demandas doce años después, reinstalado de nueva cuenta en Palacio Nacional.

El gabinete de Miguel Ángel Mancera, por suerte para todos nosotros, nada tiene de amloísta o bejaranista y hasta incluyó al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, quien contestando la pregunta dijo que el tema de Azerbaiyán no le tocará a él, sino al secretario de Gobierno.

A días de la toma de posesión del presidente Enrique Peña Nieto, el principal signo de la crisis política se localiza en la oposición y deja ver el problema de un PRI sin contrapesos reales de poder: el PAN quedó derrumbado luego de la derrota y el PRD se dividió por Andrés Manuel López Obrador y perdió su línea política.