El gobierno federal ha logrado en los últimos años detenciones cada vez más importantes en la guerra contra el crimen organizado. El propio secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, declaró en Morelia: “Hoy tenemos a 90 de los 122 más peligrosos detenidos…, la mayoría detenidos sin un solo disparo”.

Es interesante observar cómo en la sustancia del debate público en nuestro país y de algunos analistas extranjeros predominan los lugares comunes de las descalificaciones o de las referencias muy generales respecto de las tareas que desempeñan las Fuerzas Armadas de México, subrayando sobre todo los errores, pero señalando muy poco respecto de la forma en que vienen realizándose provocaciones, daños a instalaciones y afrentas a los símbolos patrios.

¿Por qué hemos visto tantas manifestaciones y protestas nacionales e internacionales por el caso Iguala y ninguna por el de Tlatlaya? No es por el número de muertos. Los 43 de Ayotzinapa son más que los 22 de Tlatlaya, es cierto, pero eso no explica por qué nadie se manifiesta por lo ocurrido en ese lugar del Estado de México. De hecho, nadie habla tampoco de los otros seis muertos en Iguala la noche del 26 al 27 de septiembre. Parecería que en nuestro país unas vidas son más valiosas que las otras.

Expertos designados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegarán a México este domingo 1 de marzo para realizar análisis del caso de 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

Jesús Murillo Karam dejará de encabezar la Procuraduría General República (PGR) y la senadora con licencia Arely Gómez González lo sustituiría.

Los padres y familiares de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa encabezaron la manifestación del Ángel de la Independencia a los Pinos, durante la cual anarquistas hicieron pintas y al final hubo varios detenidos.

Miles de personas salieron a las calles en diversas ciudades de México y el mundo para conmemorar los 5 meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Documentos proporcionados por la Fiscalía de Guerrero avalan que la Comisión Estatal de Derechos, el Ministerio Público de Guerrero y una comitiva de estudiantes junto a familiares de los normalistas de Ayotzinapa, ingresaron al cuartel del 27 Batallón de Infantería para realizar la búsqueda de los jóvenes desaparecidos.

El Partido de la Revolución Democrática avaló un paquete de 56 candidatos a diputados federales por mayoría y dejó pendientes a 48, en entidades donde existe controversia, los cuales serán seleccionados el 10 de marzo.

Le invito a que juntos hagamos un ejercicio que se llame “¿Y si no hubiera pasado?” Supongamos que por tal o cual motivo —y todos desearíamos que así hubiese sido— la tragedia de Iguala del 26 de septiembre del año pasado se hubiera evitado. Y en este ejercicio hipotético el entonces alcalde de aquel municipio, José Luis Abarca, seguiría en funciones. ¿Usted cree que así se hubiese descubierto el vínculo criminal de los Abarca-Pineda? En este entendido, en este momento veríamos a la señora María de los Ángeles Pineda más que lista y en espera de hacer precampaña para suceder en el cargo a su impresentable esposo, y a este, a su vez, buscando acomodarse en alguna curul estatal o federal. Siguiendo con el juego de suposiciones, no nos cabe la menor duda de que Ángel Aguirre Rivero seguiría al frente del estado de Guerrero. Y siendo así, ¿hubiera salido a la luz pública el desvío de recursos del erario local y federal por parte de Carlos Mateo Aguirre Rivero y Luis Ángel Aguirre Pérez, hermano y sobrino del hoy gobernador con licencia?

Nada ilustra mejor el colapso de las opciones políticas para el país que el movimiento de los padres de los 43 normalistas secuestrados por el alcalde del PRD en Iguala, Guerrero: que sus hijos ya dictaminados muertos regresen vivos y que no haya elecciones legislativas en julio. Nada más.