En el Congreso de la Ciudad de México se pretende reformar el artículo 226 del Código Nacional de Procedimientos Penales con el propósito de beneficiar —tan solo en esta capital— a más de 481 mil personas discapacitadas para que tengan derecho a presentar una querella sin necesitar de un representante legal. Sería genial. ¿A poco no?

¿Se acuerdan de Almendra Ortiz? Pues resulta que en su calidad de directora de Administración del ISSSTE ha incurrido en responsabilidades penales por amañar las adjudicaciones del instituto para favorecer a la empresa Mainbit, una de las consentidas en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

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