España: las elecciones más inciertas

Después de la muerte del dictador Francisco Franco y la construcción de la ruta democrática en el periodo de la transición, España no ha vuelto a vivir, como hasta ahora, mayor incertidumbre acerca de su próximo futuro político: el domingo 20 de diciembre los españoles están convocados a las urnas en una fiesta cívica para renovar las Cortes Generales, es decir, 350 escaños del Congreso de los Diputados y 208 de elección directa del Senado.

Se formará nuevo gobierno parlamentario en una contienda en la que el juego democrático no le proporciona la victoria para la Presidencia al más votado, sino al que obtenga la mayoría absoluta para gobernar. Y es allí donde la horquilla puede hacerse a cualesquiera de los lados.

A diferencia de otras elecciones, el tradicional bipartidismo del Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) confronta el dinamizante desafío de dos noveles treintañeros que han venido a revitalizar a la vieja España anquilosada en una joven democracia, pero no por ello menos artrósica.

Albert Rivera, candidato de Ciudadanos, de 36 años y nacido en Barcelona, es presidente de este nuevo partido desde su formación en 2006 y ha sido diputado por el Parlamento de Cataluña.

El otro aspirante novel es Pablo Iglesias, madrileño de 37 años, actual secretario general de Podemos. Se trata de un hombre polifacético de formación académica, profesor de la Universidad Complutense; activista social que dio el campanazo con su formación política al conquistar varios escaños en el Europarlamento (comenzando por él como eurodiputado) y posicionarse con las alcaldías de las dos ciudades más importantes de España: Barcelona y Madrid.

Ambos sacuden las entrañas del bipartidismo, transmutándose además a lo largo de los meses tanto en sus propuestas como en su ideario, amansando sus respectivos ímpetus: Rivera ha dejado ciertos linderos de la extrema derecha para reubicarse en el centro e Iglesias abandonó el discurso inflamante de la extrema izquierda para capturar a los socialistas en fuga del PSOE.

Para el presidente Mariano Rajoy, del PP, la intención de quedarse por cuatro años más en La Moncloa dependerá de pactar con alguna de las figuras nuevas, mientras que para Pedro Sánchez, del PSOE, el panorama es el mismo.

De acuerdo con la más reciente encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), en las elecciones ganaría el PP (28.6%); PSOE (20.8%) y Ciudadanos (19%) pelearían por la segunda plaza, y Podemos quedaría en cola (15%).

En términos de escaños se traduciría en un baremo de entre 120 a 128 para el PP; 77 a 89 para el PSOE; 63 a 66 para Ciudadanos y para Podemos aproximadamente 50.

Para permanecer en La Moncloa el presidente Rajoy requiere mínimo 150 diputados; esto sería una investidura de mínimos como ya sucedió con el presidente José María Aznar, también del PP, en 1996, cuando lo hizo con 156 escaños.

Así es que la contienda es más incierta que nunca y en ese largo y oscuro túnel no coadyuva la falta de luz en 42% del electorado situado en el rango de los indecisos.

Existe un grupo considerable de potenciales votantes que aún no se dejan convencer ni seducir por ninguna de las marcas políticas ni su grueso de propuestas en seis temas torales que presentamos a continuación.

Constitución

La Carta Magna española, resultado de la transición y vigente desde 1978, se encuentra en la mirilla de un proceso reformista en la mayoría de los candidatos al gobierno de España, salvo uno: el presidente Rajoy.

Pese a ser relativamente joven podría, en la próxima Legislatura resultante de las elecciones del próximo 20 de diciembre, sufrir todo un proceso de liposucción para dejarla con un marco más refinado y actualizado con los tiempos sociales y económicos de la España del siglo XXI.

Los únicos que no piden pasarla por el quirófano son precisamente los políticos del PP, ya que consideran que la Constitución y todos sus preceptos siguen estando tan vigentes como desde el primer día, siendo además incluyente y respetuosa del sentido social que los otros candidatos le echan en falta.

El presidente Rajoy, instalado en campaña electoral, dice que no pretende ninguna reforma, aunque tampoco se niega a discutirla o debatirla.

En cambio, el PSOE la quiere moldear como arcilla para que deje el marco autonómico por uno federal. Tanto Sánchez como otras voces facultadas del partido socialista se inspiran en un modelo administrativo, fiscal y político de corte federalista.

La mayoría de los contendientes pretende la reforma básicamente para reconocer la realidad territorial con el tema de Cataluña y evitar que esta logre escindirse con la constante afrenta de los plebiscitos secesionistas.

Ciudadanos va también en la misma tesitura de readecuar la Constitución a una España cambiante, que además requiere rescatar al Estado Benefactor, así como garantizar un marco social recogido en artículos de oro para que, en caso de repetirse otra crisis, el ciudadano más vulnerable no sufra el dramático castigo de los últimos años.

Para Podemos hay que prácticamente voltear la Constitución de cabeza y rehacerla: no existe línea que le agrade a Iglesias y a sus asesores. Es más, querrían recoger en una vasta cirugía sendos capítulos acerca de cómo prevenir y actuar ante la corrupción; subrayar la vivienda como un derecho fundamental para todos, y hasta incluir por ley una renta mínima para ciudadanos sin empleo y sin cobertura por desempleo.

Empleo

El PP defiende el argumento central de que cuando llegó al poder la economía no crecía, estaba al borde del rescate y la intervención desde Bruselas y había una férrea destrucción del empleo.

Cuatro años después justifica que la economía creció 1.4% en 2014 y para este año la expectativa es de 3.1%, mientras que la destrucción de empleo ya no es de mil 400 puestos laborales todos los días, como cuando recibió el gobierno de manos del PSOE, sino que diariamente se crean mil 500 puestos laborales.

En 2015 poco más de 600 mil personas han encontrado trabajo, pero la propuesta del PP es la de 20-20, esto es, una meta de 20 millones de trabajadores en 2020.

Al mismo tiempo que busca reforzar la calidad del empleo, el PP descarga a favor que 75% de los trabajadores cuenta con contrato fijo y para atajar la temporalidad propone ampliar por cuatro años la extensión de 500 euros para los trabajadores con contrato indefinido.

Para Podemos el panorama es claro: derruir el andamiaje de la reforma laboral aprobada durante la égida del presidente Rajoy dado que, argumenta, persiste la precariedad y los empresarios tienen grandes facilidades para el despido barato, toda vez que más de la mitad de los parados no recibe ninguna prestación y hay menos gente trabajando, en tanto los más jóvenes emigran generando además un círculo vicioso que obra en contra de las pensiones. Podemos quiere otra reforma laboral, reorganizar los contratos colectivos de trabajo, amasar las políticas económicas de otra forma, subir el salario mínimo y evitar nuevas burbujas del desastre.

En cuanto al PSOE, ataca la sensibilidad en la piel añadiendo que hoy existen dos millones y medio de personas desempleadas y sin ningún tipo de protección. Para este partido el binomio correcto embona educación con empleo; pretende terminar con la espiral donde uno de cada cuatro contratos tiene una duración media de una semana; derogar la reforma laboral “completita”, establecer un nuevo estatuto laboral, subir el salario mínimo y aprobar una ley de igualdad salarial para que hombres y mujeres cobren lo mismo.

Ciudadanos, en su ideario, subraya que el problema laboral actual en España no es culpa de un partido político sino más bien del modelo laboral que pervive y debe modificarse.

España junto con Grecia son los dos países con mayores problemas de desempleo en toda la Unión Europea (UE). Para Ciudadanos debe entonces transformarse el modelo formado por 92% de contratos precarios y temporales que perjudica a siete millones de españoles con trabajo pero imposibilitados para llegar a final del mes.

Ciudadanos apoya un contrato único estable para que los trabajadores dejen de tener salarios precarios y que todos gocen de los mismos derechos; para los autónomos argumenta una reforma para facilitar su consolidación.

Pensiones

El rosario de promesas electorales pasa por aumentar más las contribuciones hasta la creación de un impuesto ad hoc para recaudar en pro de la caja de los jubilados.

El punto de comunión —entre los candidatos— es la urgencia de encontrar nuevas vías de financiación para garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones.

El PSOE pretende recuperar primero los consensos básicos del Pacto de Toledo, que desde 1995 esboza la necesidad de conformar consensos sociales a partir del debate político partidista, seguido de llevar a la Constitución la garantía de un modelo público, universal y que blinde la protección de las pensiones contra cualquier eventualidad.

Asimismo propone la búsqueda de nuevas formas de financiamiento, tanto por la vía de las cotizaciones como por la creación de un impuesto finalista, pero sin estigmatizar un tipo de pensión en particular.

Por su parte, Ciudadanos considera que el dilema de las pensiones en España no se resuelve colocando el problema “al otro lado del bolsillo”. Se mantiene de acuerdo en recuperar el Pacto de Toledo, sus consensos, pero sobre todo en mejorar la transparencia del sistema hacerlo más flexible y justo.

Esta flexibilidad radica en que un autónomo diga cuánto puede aportar para su pensión y que realmente lo aporte. Para esta marca, la fórmula adecuada consiste en modificar el modelo productivo invirtiendo más en educación y en I+D, así como en aumentar la productividad y básicamente terminar con la devaluación del mercado laboral.

En tanto, Podemos insiste en su estilo reformista absoluto, busca recambiar las bases a fin de evitar el empobrecimiento de los pensionistas, ataca la ineficiencia del sistema y propone que las pensiones públicas sean 20% más altas.

Considera que debe ante todo añadirse el componente demográfico futuro, resolverse el enigma de la productividad, así como del déficit que amenaza la sostenibilidad del sistema; advierte que derogará la reforma de 2010 del PSOE y la de 2014 del PP para, en el terreno del Pacto de Toledo, recuperar derechos sociales y corregir las pensiones no contributivas en línea con el salario mínimo intraprofesional.

El partido en el poder, el PP, alega que el mayor punto de tensión deriva de la relación cotizantes-pensionistas que motiva al Gobierno a no tener de otra más que recurrir al acotado Fondo de Reserva.

No se niega a realizar otra reforma en el sistema de pensiones, sobre todo para resolver el cauce de su viabilidad y solvencia, así como realizar una correcta separación entre lo contributivo y no contributivo. Lo que quiere es conseguir más ingresos para lograr un equilibrio financiero y fiscal sin pasar por poner más o nuevos impuestos y resguardando el sistema de pensiones público, de reparto contributivo y universal.

Impuestos

En Ciudadanos se le achaca al PP que no cumplió con sus promesas de campaña de hace cuatro años, cuando afirmó que no subiría impuestos y fue lo primero que realizó a los 15 días de la nueva Legislatura.

La insignia de Rivera explica que debería efectuarse una rebaja media de 3% en el IRPF, pero ayudarse de otras contribuciones para, por ejemplo, tener un complemento salarial para quienes ganan menos; redistribuir la pirámide fiscal inclusive gravando hasta los alimentos más esenciales, como ponerle IVA al pan.

También considera que atacando bien a bien el fraude fiscal se podrían obtener 20 mil millones de euros extra para las arcas del Estado, utilizables para otros programas y subvenciones sociales.

Propone una reforma a la burocracia con recortes en diversas áreas a fin de ahorrar cinco mil millones de euros. Fundamentalmente habla de repensar la estructura del Estado.

El PP, en cambio, se resiste a subir impuestos. Su discurso va en vía contraria: bajarlos en momentos en que la economía está creciendo y se puede retribuir el esfuerzo del severo ajuste realizado por la ciudadanía.

Para el partido del presidente Rajoy se pueden reducir algunos tramos fiscales y también dar rebajas fiscales, así como subvenciones y subsidios en cheques familiares a los hogares monoparentales y con situación especial. En relación con los tramos de sueldos más bajos sugiere una disminución fiscal para que tengan dinero para terminar bien el mes.

Para el PP hay gobiernos que son de gastar y no pagar cuando lo correcto, argumenta, es pagar lo que se debe y gastar cuando se pueda hacer. No considera necesaria otra reforma en la administración, ya que durante los últimos cuatro años fueron cerradas dos mil 300 empresas.

En contrasentido, el buque morado comandado por Iglesias reflexiona que no se trata de subir o bajar impuestos, ya que la clave estriba en “a quién se los bajamos y a quién se los subimos”.

Propone que en el rango de los ingresos desde los 60 mil hasta los 300 mil euros anuales debe establecerse un impuesto progresivo; que los bancos beneficiarios de las ayudas públicas paguen un impuesto solidario y se establezca una tasa impositiva de 0.1% para transacciones financieras y ventas de acciones y bonos. Del IVA, que siempre preocupa tanto a los consumidores, recalca un incremento únicamente para artículos de lujo, como yates.

No obstante para Sánchez, líder del PSOE, “mienten aquellos candidatos que propongan una rebaja de impuestos”, dado que además hay que cumplir con un objetivo de déficit.

Para ese partido lo primordial es negociar con Bruselas el objetivo de déficit de tal suerte que al final las cuentas puedan cuadrar y favorecerse el gasto social. Considera hasta la creación de nuevos impuestos de ser necesario, como en el caso de las pensiones.

Corrupción

El PP ha sido duramente señalado en toda la campaña por los brotes y escándalos de corrupción que le han abrazado a lo largo de estos cuatro años. Al respecto lo que pone sobre de la mesa es que la ley puede endurecerse más para favorecer la transparencia y sobre todo prohibir las donaciones a los partidos políticos.

El PSOE, en contraste, quiere endurecer las puertas giratorias de dos a cinco años y evitar el traslado fácil de políticos a los consejos de administración de grandes empresas privadas así como regular —en todo lo que se pueda— la financiación a los partidos políticos.

Ciudadanos sugiere finiquitar los indultos por corrupción, aprobar una ley que clarifique la separación de poderes, evite el capitalismo de amigos y persista una comisión de mercado separada.

En el terreno de la política defiende las listas abiertas de diputados de distritos como en Alemania y que los partidos puedan penalizar la corrupción interna. De hecho destaca una limpia tan profunda, que elimine el Senado a cambio de configurar una conferencia de presidentes y una cámara legislativa útil para un país descentralizado.

En cambio, Podemos propone que en la Constitución se estipulen garantías a fin de prevenir la corrupción y sancionarla al máximo nivel. Y además una aventurada moción de confianza ciudadana, a la mitad de la Legislatura, para que en un referéndum la sociedad diga si el presidente continúa o es revocado.

Cataluña

Rivera, líder de Ciudadanos, es un candidato de origen catalán declarado antinacionalista pero constitucionalista de hueso colorado. Desde su plataforma analiza la necesidad de restituir la convivencia entre catalanes y españoles para unificar sus vasos comunicantes y evitar una ruptura futura.

No obstante considera que el modelo de España concebido desde la transición ha llegado a su fin. Por ende debe abrirse otro cauce con una nueva España moderna del siglo XXI, sin romperse pero reconociendo la diversidad.

En este punto en concreto el PP se mantiene inamovible en su postura respecto de Cataluña y su tema secesionista, al que debe seguirse contrarrestando desde la unidad, la ley y el respeto a la Constitución.

Se niega a negociar con la soberanía; no hay sitio para plebiscitos ni referéndums separatistas ni independentistas, porque “la unidad es un asunto que compete a todos los españoles y no a unos cuantos”.

Aquí Sánchez, del PSOE, tiene otra idea maquilada. Pasa por remarcar su visión de un Estado federal y no autonómico pero con una España unida, en la que se respeten los cauces de convivencia y de pluralidad. Para ello es necesario, apunta, una reforma constitucional acordada entre todos con un nuevo estatuto. Y darle a Cataluña una solución política para un problema que ha derivado en una crisis grave.

El más reacio a desoír a los catalanes es Iglesias, quien desde Podemos insiste en que los catalanes tienen el derecho a decidir si quieren permanecer o no dentro de España. Él sí quiere un referéndum, aunque sostiene que no le gustaría que el país ibérico se rompiera, porque confía en que serán más los catalanes decididos a permanecer. Considera además que debe efectuarse una reforma que reconozca a un país plurinacional con distintas sensibilidades.

Finalmente, la complejidad de estas elecciones en España implica que de no alcanzar ninguno de los candidatos la mayoría absoluta, pasa por realizar sendos pactos para formar gobierno y aquí puede darse un revolcón al sistema con un tripartito de minorías.