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Diódoro José Siller Argüello es el nuevo presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
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El jefe del Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, informó que la próxima semana iniciará el programa de desarme voluntario en la delegación Tláhuac, misma que se sumará a Iztapalapa y Gustavo A. Madero, donde ya se aplica.
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El presidente Enrique Peña Nieto encabezó un acto en la Ciudad del Conocimiento y la Cultura, en la plaza Juárez del Centro Histórico de Pachuca, Hidalgo.
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Lorena Cruz Sánchez fue designada por Enrique Peña Nieto, como la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES)
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Las dificultades económicas en España y en Estados Unidos parecen haber redirigido los flujos migratorios desde Latinoamérica hacia otros países de destino, según un informe conjunto de la OEA y la OCDE difundido este jueves.
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El titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Enrique Martínez y Martínez, tomó protesta a varios funcionarios, por instrucción del presidente de la República, Enrique Peña Nieto.
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El presidente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Martí Batres, dio a conocer su Programa Nacional de Austeridad con el cual aseveró que la Federación podría contar con 300 mil millones de pesos adicionales para financiar el desarrollo del país.
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El coordinador del PAN en el Senado, Ernesto Cordero Arroyo, señaló que una reforma hacendaria integral en México debe tener como eje la baja y casi nula recaudación tributaria de estados y municipios, así como su sobreendeudamiento, y no tanto, dijo, la revisión de los impuestos federales
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Más del 54% de las Agrupaciones Políticas Nacionales han perdido su registro ante el IFE por irregularidades en los informes anuales de ingresos y gastos.
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Colocadas las ciudades de Acapulco y Cuernavaca en el Buró Nacional de Crédito por incumplimiento en el pago de sus deudas va creciendo la versión de que el gobierno prepara otro Fobaproa.
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El PRD presentó su propuesta de reforma energética basada en ocho ejes estratégicos y que establece nueve cambios legales, ninguno constitucional, para garantizar la seguridad en ese sector en las próximas generaciones.
