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El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos aprobó tentativamente las solicitudes de asilo de 7 “dreamers” mexicanos.
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Miembros de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero mantienen bloqueada la carretera interestatal Tierra Colorada-Tecoanapa.
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Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración emitieron una nueva guía para los aspirantes al programa, que aclara los requisitos para presentar una solicitud y explica las limitantes y exclusiones.
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La Procuraduría General de Justicia de Oaxaca, confirmó la detención del presidente municipal de San Bartolome Quialana, Tlacolula, Faustino Gómez Hernández, por el delito de violación agravada.
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La ex candidata a diputada plurinominal del PRD en Hidalgo, Diana Marroquín Bayardo golpeó a la secretaria de Asuntos Indígenas del PRD en ese estado, Isabel Godínez Granillo durante una conferencia de prensa.
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La PGJ del estado de Morelos informó que no ha recibido ninguna denuncia por el presunto secuestro de una alumna del Colegio Marymount de Cuernavaca, como se difunde a través de redes sociales.
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La mexicana Sandra Ávila Beltrán, fue trasladada del Centro de Detención Federal de Miami a una prisión de tránsito para posteriormente ser deportada a México.
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El gobierno de Morelos dio a conocer que fue localizado el domicilio al que arribaron 14 personas procedentes del Distrito Federal, de las cuales siete adultos están en calidad de desaparecidos.
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El presidente de la CDHDF, Luis González Placencia, aseguró que la consignación por el delito de trata de personas disminuyó en 400%, con relación a 2011.
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Más de 200 dreamers y sus simpatizantes realizaron un plantón en la garita más transitada en la frontera entre México y Estados Unidos, San Ysidro, en demanda de que Washington permita volver al país a 8 jóvenes deportados.
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La medianoche del viernes el menor humillado en Tabasco por un agente de fiscalización, compareció ante el Centro de Atención a Menores Víctimas e Incapaces
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Especialistas opinan sobre los elementos jurídicos que deben tomarse en cuenta en todo proceso penal para cumplir con las obligaciones básicas en cuanto a los derechos humanos.
