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de cara a los retos que enfrenta el país
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Propone cuatro mecanismos contra la corrupción
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El Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) firmaron diversos convenios de colaboración para, entre otras acciones, compartir sistemas y herramientas como el Sistema Integral de Fiscalización para conocer el avance de los ingresos y gastos de los actores en las campañas, con la finalidad de dar certeza al resultado de las elecciones del 1 de julio próximo.
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En las últimas décadas, la corrupción del servidor público se ha convertido en uno de los más graves y grandes flagelos que causan perjuicio en las instituciones del Estado mexicano y de la sociedad que lo constituye, debido a las repercusiones que entraña en su desarrollo.
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Con el fin de prevenir actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas, la Secretaría de la Función Pública (SFP) llamó a los servidores públicos de la Administración Pública Federal (APF) a abstenerse de infringir las disposiciones legales en materia electoral.
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El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes de precampaña de los ingresos y gastos a diversos cargos de elección popular correspondientes al Proceso Electoral Federal y Local Ordinario 2017-2018, en el que, tras revisar operaciones de 1,931 precandidatos de partidos políticos a la Presidencia de la República, al Senado y a la Cámara de Diputados, determinó imponer sanciones por más de 39 millones de pesos.
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Se investigarán irregularidades de aspirantes independientes
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El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) es pieza importante para consolidar la integridad y resignificar el servicio público, así como fortalecer el Estado de Derecho y recobrar la confianza ciudadana, afirmó el subsecretario de la Función Pública, Eber Omar Betanzos Torres, quien destacó que estos propósitos son parte prioritaria de la agenda pública
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Del 11 al 18 de marzo, el Instituto Nacional Electoral (INE) recibirá las solicitudes de registro de precandidatos de partidos políticos y coaliciones, así como de aspirantes a una candidatura independiente para los tres cargos federales: Presidencia de la República, senadurías y diputaciones federales.
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La aplicación de la norma electoral no puede estar sujeta a “puntos de vista” de personajes no facultados.