Llamó la atención desde que se publicó en la Gaceta de la Ciudad de México. ¿Reformas al Código Penal de la capital para equiparar como “servidores públicos” a aquellas personas que dirigen o administran organizaciones de la sociedad civil y que reciben dinero del gobierno para hacer sus acciones? ¿En serio?

Patricia Rodríguez López, feminista, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas y catedrática de la Facultad de Economía de la UNAM, integrante del Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG) de la misma casa de estudios, platica en entrevista sobre el trabajo doméstico y de cuidado, así como su impacto en la economía del país.

En todo Estado moderno es deseable la participación comprometida e informada de los ciudadanos en los asuntos públicos. Dicha contribución no es limitativa para lo electoral que periódicamente se desahoga como imperativo de la democracia. Es más: la vía electoral debiese ser un instrumento más de confirmación de la preferencia informada para la contratación de funcionarios desde las urnas.

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