Dirigentes de partidos políticos, legisladores, magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), consejeros de organismos electorales locales, expertos en la materia, observadores internacionales, así como representantes de organizaciones ciudadanas y empresariales intensifican el debate acerca de una nueva reforma política-electoral.
Los aspectos que se pretenden cambiar en especial son:
- Excesiva regulación de los procesos.
- Requisitos para candidaturas independientes
- Modelo de comunicación política (espotización).
- Financiamiento público y descentralización de la organización de los comicios.
Todos opinan: los partidos impulsan un nuevo marco jurídico que responda a los intereses que defienden y a las estrategias que desarrollan; las autoridades buscan garantizar la certeza y no dejar lugar a dudas en las resoluciones; las organizaciones de la sociedad quieren garantías de participación ciudadana, al margen de los partidos, y un menor costo de los procesos; pero sobre todo, se plantea fortalecer el sistema democrático y garantizar la libertad de expresión.
Es evidente la prisa para tener lista una eventual reforma electoral que pueda ser aplicada en 2018.
No sería posibe antes, toda vez que la fracción II del artículo 105 de la Constitución establece:
“Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales”.
Así es que para los procesos locales de 2016 no será posible, pero sí habría tiempo para que se apruebe y promulgue una nueva reforma electoral en mayo de 2017 y se pueda aplicar en los comicios federal y locales de 2018.
Espotización
Uno de los aspectos más criticados de las reformas electorales de 2007 y 2014 es lo relativo a la prohibición a particulares y partidos de contratar espacios en medios electrónicos, así como la difusión de millones de spots, los cuales se difunden durante los periodos de campaña, principalmente.
A ello se sumó un nuevo motivo de molestia: los dirigentes del PAN, Ricardo Anaya, y de Morena, Andrés Manuel López Obrador, presuntamente utilizan el tiempo que se otorga en medios electrónicos a sus respectivos partidos para “difundir su imagen” con miras a posicionarse como candidatos a la Presidencia de la República en 2018, a decir de algunos.
El debate sobre la llamada espotización se intensificó en días recientes.
El presidente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, calificó de “inmoral” y “poco ética” la conducta de los líderes del PAN y de Morena, quienes se “promocionan” en tiempos oficiales de televisión destinados a difundir la información o propuestas de las fuerzas políticas.
“Ustedes ven en la televisión que aparecen dirigentes de partidos políticos promocionando su figura en los tiempos oficiales, y eso es lo que yo llamo tramposo: lo está haciendo el señor Andrés López Obrador, también Ricardo Anaya; lo podrían hacer otros partidos políticos”, dijo.
Beltrones Rivera manifestó que
“Los tiempos oficiales son para que los partidos presenten una propuesta, no para que ahí se escondan aquellos que pretenden ser candidatos y que entonces construyan un piso disparejo, apareciendo en los tiempos de los partidos, pretendiendo ser candidatos en el futuro”.
Aseguró que hay personajes que utilizan un vacío en la legislación y eso es un actuar tramposo:
“El PRI también podría utilizar los tiempos oficiales para promover candidatos, pero no lo hará, porque eso es inmoral. Yo insto a los dirigentes de los partidos políticos a que dejen los espacios oficiales y eviten el estar promoviendo sus personas”.
Adelantó que solicitará a la bancada de su partido en la Cámara de Diputados impulsar una ley que prohíba a políticos abusar de los tiempos oficiales al promover su figura personal en vez de propuestas.
Carlos Ramírez Marín, vicecoordinador del PRI en la Cámara de Diputados, expresó su apoyo a una eventual reforma electoral para “corregir huecos legales” y que “no se viole la ley”.
Ramírez Marín puntualizó que solo de enero a junio de 2015 López Obrador tuvo más de 560 mil apariciones en spots de televisión y aseguró que ese no es el espíritu de la ley. Sin embargo, “la laguna que hay en la ley le permite, como dirigente único, potenciario, titular y dueño de Morena, hacer este tipo de utilización de los tiempos”.
Precisó que antes de que concluya el periodo legislativo, el próximo 15 de diciembre, la iniciativa estará lista.
El coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Francisco Martínez Neri, señaló por su parte la necesidad de eliminar los resquicios de la ley electoral que permiten el abuso en el uso de los tiempos oficiales en radio y televisión para la promoción personal por parte de algunos políticos.
Señaló el perredsita que en San Lázaro “debieran estar ya las propuestas y las discusiones que permitan salir al paso de esas acciones proselitistas”.
Emilio Gamboa Patrón, coordinador del PRI en el Senado, aseguró que su grupo parlamentario está listo “para proponer y debatir las modificaciones en materia política-electoral y respetar el principio de equidad que debe regir en las próximas contiendas electorales”.
El coordinador priista en el Senado dijo que “es pertinente una revisión a fondo en áreas como la comunicación político-electoral, porque entre otros aspectos no podemos ignorar el cansancio que provocó en la ciudadanía la transmisión de millones de impactos electorales”.
Juan Romero, diputado de Morena, afirmó que su bancada “acepta el debate” propuesto por el líder parlamentario del PRI en el Senado.
Señaló que si bien considera el planteamiento del tricolor sobre una reforma electoral como “una estrategia política”, es necesario revisar la norma. Romero señaló que “si la finalidad es frenar a un partido, los motivos son incorrectos”.
Restrictivo
Además de los partidos políticos, las propias autoridades electorales, así como los particulares (recordemos el amparo interpuesto por un grupo de intelectuales y periodistas en 2007) demandan modificar el modelo de comunicación.
El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, considera que a pesar de que el modelo de comunicación ha demostrado su efectividad, sin duda está sujeto a revisión para lograr que el tiempo del Estado que se destina al debate político sea mejor utilizado: “Debido a la concentración de spots de los partidos políticos durante las campañas electorales, estos en vez de ayudar a difundir plataformas ideológicas y programas políticos estimulan la lógica de la mera confrontación”.
Salvador Nava Gomar, magistrado del TEPJF, asegura que para construir un modelo de comunicación política exitoso no se requieren tantas reglas, sino el fortalecimiento de la vocación y la cultura democrática. “La regulación (del modelo de comunicación) es restrictiva, está sobrerregulado, es exagerado y antidemocrático, estamos matando a la política. Ahora resulta que los políticos no pueden decir qué es lo que están haciendo ni responder a los opositores, cuyo principal papel en una democracia es criticar al gobierno y a las mayorías parlamentarias y el papel del gobierno y las mayorías parlamentarias es defender lo que están haciendo”, explicó el magistrado.
Laura Chinchilla, jefa de la Misión de Observadores Electorales de la Organización de Estados Americanos (OEA) que recién vino a México, refiere que se “advierte el riesgo de restringir los espacios de expresión necesarios para la conducción de un debate político intenso, dinámico y democrático”.
Libertad de expresión
El debate sobre la necesidad de actualizar el modelo de comunicación política llegó al reciente encuentro de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT).
En él Édgar Pereda, presidente del organismo, destacó que a un año de haberse aprobado la reforma electoral “las audiencias reportan un mayor rechazo a la espotización que hacen los partidos políticos”.
Pero además, dijo, “la libertad de expresión de cientos de comunicadores ha sido anulada mediante la instauración de procedimientos especiales sancionadores por el INE y el Tribunal Electoral, donde al igual que en la Inquisición los acusados tienen que probar su inocencia”.
El presidente de la CIRT reprochó que “cientos de medios han tenido que defenderse de quejas frívolas de los partidos políticos, y ningún partido político ha sido sancionado por la presentación de estas denuncias, a pesar de que la ley lo señala”.
Denunció que el acoso no es solo en contra de la radio y la televisión, sino también los periódicos y revistas han sido llamados a esos juicios especiales e incluso “recientemente se penaliza a usuarios de redes sociales como Twitter y se sancionan páginas de Facebook”.
Édgar Pereda afirmó que con el actual modelo de comunicación electoral “tan retrograda, la clase política mexicana no puede construir una verdadera democracia: solo se viene construyendo un hartazgo ciudadano”.
Estableció que la CIRT no definirá hacia dónde girar el modelo de comunicación, pues es tarea de los legisladores, pero lo que sí hará es “señalar que hay un problema con las audiencias, que millones de mexicanos rechazan la forma en que se hacen campañas, que cientos de comunicadores han visto restringida su libertad de expresión y que varios organismos internacionales, como la OEA y la AIR (Asociación Internacional de Radiodifusores), están señalando que nuestro modelo de comunicación electoral no funciona correctamente”.
Los pluris
Y mientras el PRI alista su propuesta de reforma electoral, en el Senado de la República su grupo parlamentario presentó una iniciativa de reformas a la Constitución para suprimir 100 de los 200 diputados federales plurinominales, así como los 32 senadores de representación proporcional.
Así, la Cámara de Diptuados quedaría conformada por 400 diputados —300 de mayoría y 100 plurinominales— en tanto que el Senado se integraría con 96 senadores, de los cuales dos serían electos por el principio de mayoría relativa por cada una de las 32 entidades y uno sería asignado en cada entidad al partido o coalición que obtuviese el segundo lugar en la votación.
El PRI aseveró que dado que todos los partidos son “competitvos”, ya no es necesario tener la figura de plurinominales.
Antibroncos
Otro tema de debate de los últimos días es el relativo a las candidaturas independientes: todos los actores políticos dicen defenderlas y, sin embargo, existen discrepencias sobre la manera en que cada uno cree que deben ser reguladas.
En un principio casi todas las legislaturas locales prácticamente copiaron el modelo de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, pero pasados los comicios del 7 de junio diversos congresos estatales modificaron sus respectivas constituciones y leyes a fin de incrementar los requisitos para conceder el registro a dichos candidatos.
En Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Hidalgo, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz las modificaciones se dieron en dos vertientes: por un lado, se incrementó para esos aspirantes el porcentaje de firmas (electores que los respalden) requeridas para acceder a una candidatura y, por otro, se estableció el requisito de no haber militado en partido político alguno en los últimos dos años o bien no haber participado en un proceso interno para acceder a una candidatura.
Así, por ejemplo, el magistrado del Tribunal Electoral de Veracruz, Lorenzo Álvarez Montero, sostuvo que “para evitar a resentidos políticos que buscan mañosamente la candidatura independiente”se debería establecer como un requisito que el individuo tenga cuando menos dos años fuera de un partido político.
Luego de que casi una decena de Congresos locales modificó sus respectivas constituciones a fin de incrementar los requisitos para las candidaturas independientes, los representantes de los partidos nacionales emitieron una serie de pronunciamientos en defensa de dicha figura e incluso presentaron acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Litigiosidad
También motivo de debate es el caso de la sobrecarga de trabajo de las autoridades electorales, producto a su vez de la sobrerregulacion de los procesos.
Al respecto María Marván Laborde, coordinadora de Derecho Electoral del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, asegura que el sistema político-electoral tiene grandes restricciones y cargas administrativas, lo que ha derivado en una alta litigiosidad.
“El litigio es parte de la estrategia de los partidos, da visibilidad mediática y arranca con las elecciones, donde los partidos y candidatos suman una serie de quejas que se van resolviendo, para que al final se pueda decir: la elección fue inequitativa, por lo tanto no debería proceder la elección”, explica.
Laura Chichilla sostiene que tanto las autoridades administrativas como las jurisdiccionales padecen de una sobrecarga de trabajo. Por ello recomendó que “se revise la legislación, de manera que no se generen incentivos a la excesiva litigiosidad”.
Jacqueline Peschard, investigadora de la UNAM, dice que uno de los principales puntos que debía atender un nuevo ordenamiento jurídico es lo relativo a la sobrerregulación: “Como si poniendo candados se pudieran exorcizar las violaciones a la ley de parte de los actores políticos, cuando bien sabemos que los actores políticos siempre encuentran atajos para precisamente evitar los candados”.
Mención aparte ha merecido el tema de la fiscalización de los egresos e ingresos de los partidos y candidatos en las precampañas y campañas electorales: mientras algunos se pronuncian por hacerla aún más estricta, otros piden flexibilidad en la entrega de informes.
Lo cierto es que el INE (único facultado) revisó más de 25 mil informes e impuso multas por casi 400 millones de pesos a los diez partidos políticos nacionales, producto de la fiscalización. Y con ello, prácticamente nadie estuvo de acuerdo.
Descentralización
La creación del INE y sus nuevas facultades también han sido motivo de debate.
Desde el momento en que se planteó el surgimiento de un organismo electoral que tuviera la facultad de “atraer” elecciones locales, hubo reacciones en contra.
Por ejemplo, la Asociación de Presidentes y Presidentas de los Institutos y Consejos Electorales de las Entidades Federativas (APPICEEF), presidida entonces por Antonio Herrera Martínez, se pronunció “en rechazo a la creación de un Instituto Nacional de Elecciones” (sic) y ratificó su convicción de “que cualquier reforma electoral debe implicar el fortalecimiento de la autoridad electoral, local y federal, y no su debilitamiento”.
La APPICEEF afirmó en su momento que “la propuesta de crear un Instituto Nacional de Elecciones rompe con los principios de federalismo, que son origen y futuro del Estado mexicano; permitiendo la posibilidad de un regreso al pasado, cuando las decisiones en materia electoral se tomaban desde el centro político del país”.
Hace unos días, la organización ciudadana INCIDE Social, que encabeza Clara Jusidman, publicó un comunicado en el que mostró el descontento de algunos ex consejeros de institutos electorales locales por la forma en que los consejeros del INE designan precisamente a los funcionarios de dichos órganos estatales.
INCIDE Social considera “que existe una aplicación selectiva, arbitraria y poco clara del criterio utilizado por los consejeros del INE para ratificar o excluir a consejeros electorales locales y distritales del propio INE”.
Pero también hay críticas por la manera en que se designa a los consejeros del INE, así como por el hecho de que el Consejo General del organismo esté integrado por los representantes de los partidos.
La próxima reforma
A juicio del periodista Jorge Fernández Menéndez lo que se debe modificar en una futura reforma electoral es el modelo de comunicación política, a fin de reducir de manera considerable el número de spots que se transmiten, para que una sola persona no utilice el total de los tiempos de un partido en beneficio personal y para que sea posible contratar espacios en medios electrónicos en los que cualquier ciudadano pueda difundir sus puntos de vista en materia política-electoral.
El analista también considera que se deben modificar las causales de anulación de elecciones y se debe abordar el asunto de la segunda vuelta electoral.
Lo cierto es que desde todos los ámbitos del quehacer político-electoral existen pronunciamientos en torno de la necesidad de discutir y aprobar una nueva reforma que garantice la equidad en la contienda, genere certeza jurídica, reduzca los costos de los procesos electorales, propicie el empoderemiento de los ciudadanos y, sobre todo, fortalezca el Estado de Derecho, garantice la gobernabilidad y respete la libertad de expresión y el derecho a la información.
Y esa reforma debe estar lista a más tardar en mayo de 2017 para que las nuevas disposiciones se puedan aplicar en los procesos electorales federal y locales de 2018.
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