Cuando el lunes 4, hacia las 20:30 horas, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, daba los primeros avances de los peritajes respecto del que ahora sabemos fue un accidente fatal y dramático en el complejo corporativo de Petróleos Mexicanos, se acabaron en ese momento casi 100 horas de lógicas especulaciones, sobre todo las que argumentaron la posibilidad de un atentado terrorista.

Colocada la empresa pública en el ojo del huracán tras la explosión (¿implosión?) que provocó la muerte de 37 trabajadores, Pemex transparentó con mayor énfasis que nunca las siete plagas que le persiguen prácticamente desde su origen, en 1938.

Por el tiempo político y el contenido, la nota —que no reportaje— del diario The New York Times denunciando presuntas acusaciones contra un general mexicano y revelando que Estados Unidos había intervenido en la designación del jefe de nuestro Ejército se convirtió en el dato revelador de que el gobierno de Barack Obama busca imponernos políticas de seguridad nacional.

La explosión del centro administrativo de Pemex el 31 de enero, que causó la muerte a 37 personas y dejó a más de un centenar de heridos, no fue un accidente industrial.

Es un hecho que las redes sociales llegaron para quedarse, y 2013 se perfila como un año en el que las principales plataformas de socialización en línea pueden consolidarse como las preferidas de los internautas, me refiero a Facbook, Twitter, Instagram y, aunque no lo crean, Google +.

Este concepto de utilidad marginal lo acuñó Carl Menger (1840-1921), el fundador de la escuela austriaca de economía, a mediados del siglo XIX en Viena

Un reporte de inteligencia policiaca generado por la PGR arroja datos espeluznantes con relación a los sistemas de seguridad en el país: de acuerdo con esos informes, casi 68 municipios cuentan con sistemas de videovigilancia y en ellos el promedio de operación de esas cámaras es de apenas 12%, lo cual significa que 88% no sirve y está de adorno.

En el transcurso de la semana nos enteramos de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en su Segunda Sala, decidió revocar el amparo que un Tribunal de Distrito había otorgado al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

Cuando los tres principales partidos políticos decidieron firmar un pacto para la agenda legislativa más o menos común, las expectativas quisieron venderse como si se tratara de los españoles Pactos de la Moncloa de la transición mexicana. Pero el tiempo —que todo lo pone en su lugar— está ya decantando las posibilidades reales de acuerdo.

Durante días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fue rodeada por activistas del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

Gerardo Deniz. Red de agujeritos. Ficticia/Universidad Veracruzana. 187 pp.

A inicios de semana escuche a varios legisladores de oposición al PRI que cuestionaban la cruzada contra la pobreza encabezada por el presidente Enrique Peña Nieto.