A las 18:55 del 6 de noviembre, el Senado paraguayo destituyó a Santiago Peña con 44 votos. A las 19:45, Pedro Alliana juró como presidente. A las 20:05, Peña quedó bajo detención domiciliaria. A las 20:10, el Congreso ya tenía nuevo vicepresidente. 75 minutos bastaron para vaciar y rellenar la cúspide del Estado. La velocidad invita a celebrar la capacidad de respuesta institucional. Merece una lectura menos complaciente: una estructura política también puede desprenderse de su gobernante para conservar las condiciones que hicieron posible el desastre.
Tres días antes, el Banco Central había intervenido Ueno Bank, cuyo capital había caído por debajo de la mitad del mínimo legal. Casi tres millones de clientes, en un país de poco más de seis, quedaron sin acceso a sus recursos. El fondo estatal de pensiones había depositado allí 355 millones de dólares, por encima de los límites permitidos; 32 mil jubilados cobraban a través del banco. En total, más de 800 millones de dólares públicos. Cuando una crisis alcanza los depósitos familiares y las pensiones, las explicaciones técnicas tienen un límite, es decir, nadie paga sus necesidades con promesas de estabilidad.
Las trayectorias explican el escándalo. Peña declaró en 2023 acciones en el grupo controlador del banco, vendidas en abril de 2025; su hermano es socio de la sociedad que lo controlaba. Carlos Carvallo presidió el Banco Central hasta el martes anterior a la caída y enfrenta la misma orden de captura. La causa suma 27 imputados, seis directores en prisión preventiva. Nada de esto prueba delitos. Sí obliga a medir cuánta distancia existía entre los intereses vigilados y quienes debían vigilarlos.
Devolver depósitos no cierra el expediente. Falta explicar quién autorizó cada inversión, qué advertencias recibió y por qué decidió.
Preservar garantías
El detalle decisivo ocurrió el jueves. Peña presentó su renuncia y el Senado se negó a aceptarla. La razón fue precisa: un expresidente que renuncia se convierte en senador vitalicio y adquiere fueros; uno destituido queda al alcance de la Fiscalía sin trámite de desafuero. El Congreso eligió el camino que lo dejaba sin protección. Tres ministros renunciaron esa mañana para recuperar sus bancas y votar en su favor; la destitución fue unánime igualmente. Esa misma precisión operó en sentido contrario un día antes: la Cámara de Diputados rechazó enjuiciar a Alliana por 48 votos contra 30, invocando la sucesión constitucional. Quedó disponible un reemplazo dentro del oficialismo.
Horacio Cartes, jefe del Partido Colorado, retiró su respaldo a Peña cuando la protección partidista dejó de ser rentable frente a la indignación social. Con la salida del presidente, el partido preservó el Ejecutivo. El peligro está en convertir su caída en explicación suficiente de una crisis que involucra decisiones bancarias, depósitos estatales y supervisores.
Peña niega irregularidades. Pidió 72 horas para preparar su defensa; el Senado se las negó. La objeción merece examen incluso después del repudio público. Una democracia que exige cuentas debe preservar garantías.
Para México, la lección es práctica. La autonomía de un supervisor se comprueba cuando puede incomodar a quien lo nombró, detener una operación favorecida o advertir riesgos antes de que los ahorradores paguen. El dinero de las pensiones merece reglas que nadie pueda relajar por cercanía.
Alliana deberá devolver certidumbre a quienes perdieron acceso a su dinero. Su credibilidad dependerá de permitir que la investigación recorra toda la cadena de decisiones, aunque encuentre responsables entre sus apoyos. Destituir a un presidente es una demostración de fuerza. Investigar a quienes todavía pueden defenderse desde el poder será una prueba mucho más exigente.
