El 24 de octubre, Guadalupe Taddei dijo que no se iba. El 25, el Instituto Nacional Electoral (INE) publicó el comunicado con su renuncia, lo retiró sin explicación y volvió a publicarlo horas después. El lunes 26 la entregó formalmente a la Cámara de Diputados. Tres días bastaron para que el árbitro electoral exhibiera, en su propia conducta, el problema que ahora debe resolver: una institución cuya conducción vacila mientras sus procedimientos siguen funcionando.
Fijemos la tesis antes de los hechos. Una democracia no se distingue porque la mayoría gobierne, sino porque la minoría conserve una posibilidad real de volverse mayoría. El árbitro custodia esa puerta. Su deterioro empieza antes de que falle un conteo: cuando se debilitan las garantías de competir, fiscalizar y resolver conflictos sin obedecer al poder de turno.
Se investiga lo concreto. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) abrió de oficio una revisión sobre posibles irregularidades en contrataciones, conflicto de interés, colusión y triangulación de recursos, que abarca al INE, a los organismos locales y a sus proveedores.
Reportes periodísticos vinculan a una empresa cercana a la consejera presidenta con un contrato de 46 millones de pesos en Sonora en 2021 y otro de hasta 198.7 millones para materiales de la elección judicial de 2025. Son señalamientos de prensa, no hallazgos de autoridad. Taddei no reconoció irregularidad alguna y pidió que todo se esclarezca con rigor y debido proceso. Tiene derecho a ambas cosas. Una renuncia no es una sentencia.
La propia presidenta fijó el estándar correcto: no debe haber ninguna sombra de corrupción en el INE. La frase sirve a todos los bandos, porque una sombra se disipa con pruebas, y las pruebas requieren una investigación que nadie obstruya.
Pero reducir el episodio a una conducta personal sería cómodo e insuficiente. La pregunta de fondo es si fallaron los controles. Y ahí los indicios son anteriores al escándalo. Desde 2023, la Secretaría Ejecutiva tuvo cinco titulares, cada uno con resistencias. Los consejeros reprocharon durante años la falta de colegialidad en las decisiones. En octubre de 2024, un cambio normativo permitió a la presidencia designar directamente a titulares de direcciones ejecutivas y unidades técnicas, antes sujetos a aprobación del pleno.
Origen del problema
Nada de eso demuestra corrupción. Todo ello redujo un contrapeso. La autonomía hacia afuera pierde sustancia cuando hacia adentro depende demasiado de una sola voluntad. Un órgano autónomo también necesita límites para quien lo preside.
Importa, sin embargo, no confundir la conducción con la institución. En 2024 el INE computó más de 60 millones de votos presidenciales y recontó 68% de los paquetes. Esa capacidad descansa en un servicio profesional, en ciudadanos sorteados y en procedimientos verificables que no dependen de quién ocupe la presidencia. La confianza lo refleja con matices: según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), pasó de 33% en 2017 a 54.7% en 2023, y retrocedió a 48.1% en 2025. Hay desgaste reciente y comprobable; no hay derrumbe ni culpable único.
El origen del problema está en los nombramientos. Taddei llegó al cargo en 2023 por insaculación, después de que la Cámara no alcanzó el acuerdo calificado que la Constitución exige. Ese método, previsto para destrabar, sustituyó la pregunta por la idoneidad de un perfil por la pregunta sobre quién podría influir en él. El reparto de cuotas no produce independencia: produce delegados. El relevo que viene enfrenta esa disyuntiva.
El procedimiento es claro. Los consejeros eligen a uno de ellos como presidente provisional; la Cámara de Diputados designa al definitivo. Lo que no está escrito es lo decisivo: si el nuevo nombramiento recuperará los controles colegiados, protegerá al servicio profesional y acreditará imparcialidad con resoluciones comparables, incluso cuando incomoden a quienes lo impulsaron.
Hacia 2027, el riesgo no es un árbitro incapaz. Es uno técnicamente competente cuya independencia resulte cada vez menos convincente. Esa combinación conserva los procedimientos mientras erosiona las razones para aceptar sus resultados. Defender al INE no exige justificar sus contratos; auditarlo no autoriza a subordinarlo.
La democracia no pide que el árbitro equilibre triunfos y derrotas. Pide que nadie pueda apropiarse de las condiciones para ganar. El mejor árbitro no garantiza la tranquilidad del vencedor: ofrece al derrotado razones verificables para volver a competir.
