Guadalupe Taddei no renunció a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) por propia voluntad. Investigaciones periodísticas y señalamientos que se difundieron en los medios y redes sociales pusieron bajo la lupa los contratos y posibles conflictos de interés de su administración hasta volver insostenible su permanencia. El Consejo General designó presidenta provisional a Blanca Cruz y prometió recuperar una conducción colegiada. El INE reaccionó cuando ya no era posible seguir haciendo caso omiso al deterioro de su credibilidad.
El caso no fue de huelgas ni bloqueos, pero todos muestran el mismo problema. En México, las autoridades aseguran estar abiertas al diálogo, pero suelen escuchar con atención cuando la presión política o social amenaza la estabilidad de una institución, interrumpe servicios o afecta a terceros.
Durante semanas, los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se manifestaron por los salarios, la falta de personal, de medicamentos y equipo. No aceptaron el aumento de 6.8% pactado por sus dirigentes sindicales y realizaron marchas, plantones y bloqueos. Luego, el gobierno propuso un incremento de 8% y presentó doce acciones en 120 días con una inversión de once mil 745 millones de pesos.
El programa contempla la basificación de diez mil 939 trabajadores, la contratación de dos mil 500 especialistas, la adquisición de equipos y la realización de más consultas y cirugías. Las medidas demuestran que las carencias existían antes de las manifestaciones y eran conocidas por la administración de Zoé Robledo. ¿Por qué tuvo que movilizarse para que el IMSS actuara?
Los transportistas, con un método similar, obtuvieron resultados. Cuatro mesas de trabajo consiguieron tras bloquear durante 34 horas carreteras de 19 entidades. Es la tercera vez, al menos, en 2026 que una movilización nacional o su amenaza acaba en otra negociación. En abril hubo bloqueos, en junio la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC) desistió de movilizarse luego de firmar una minuta con Gobernación, y en octubre regresaron los cierres.
Amenazas
Las demandas sobre inseguridad, carreteras, trámites y costos se repiten. Las organizaciones cambian y se instalan nuevas mesas, pero los problemas vuelven a aparecer porque los acuerdos anteriores no se cumplen o no resuelven el fondo.
Los agricultores ni siquiera necesitaron comenzar sus movilizaciones. Se anunciaron protestas en diez estados por los precios del maíz, los apoyos pendientes y por incumplimiento de acuerdos. Tras reunirse con autoridades federales y lograr avances preliminares, pospusieron los bloqueos. La amenaza aceleró las negociaciones que iban lentas.
Ahora los trabajadores activos y jubilados de Petróleos Mexicanos (Pemex), de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LyFC)siguen el mismo camino. Frente a la Secretaría de Energía (Sener) protestaron por aumentos salariales, protección de pensiones, servicios médicos, medicamentos y respeto a derechos adquiridos. Los activos piden salarios, los pensionados piden pensiones y respeto al artículo 127 constitucional. Están de acuerdo en que ya no es suficiente una petición escrita para ser escuchados.
Es un derecho protestar. No debería ser necesario bloquear carreteras y perjudicar a terceros para obtener respuestas. El gobierno que atiende primero a los que pueden causar más daños, recompensa la presión y deja en desventaja a los que piden sin interrumpir servicios.
El problema no está en que las autoridades dialoguen después de una protesta, sino que con frecuencia no lo hacen antes de ella. Mientras una marcha, un bloqueo o un escándalo sean más eficaces que un oficio, las instituciones seguirán reaccionando tarde, y los ciudadanos pagarán las consecuencias.
