La Cuarta Transformación (4T) se proclama humanista y liberal, pero en la práctica se muestra cada vez más autoritaria y restrictiva. En los últimos días, aprovechando una mayoría calificada en el Congreso que los ciudadanos no le dieron en las urnas, despojó a los mexicanos con doble nacionalidad del derecho a ocupar la Presidencia de la República o el gobierno de alguna de las entidades de la federación.
Su argumento es que los mexicanos con doble nacionalidad, quienes contribuyen desinteresadamente con miles de millones de dólares al año en remesas a la economía nacional, no son suficientemente leales a la patria. Según la presidenta Sheinbaum, “Un presidente no puede tener dos banderas”.
Ni la mandataria ni ninguno de los legisladores de la 4T que aprobaron esta iniciativa, sin cambiarle una coma, presentó alguna prueba de que la lealtad de los mexicanos con doble nacionalidad sea menos sólida que la de los demás mexicanos. De hecho, varios de los legisladores que aprobaron la iniciativa en el Congreso de la Unión y en las legislaturas locales tienen esa doble nacionalidad, pero nadie cuestionó su voto. El que los mexicanos con esta calidad jurídica no son leales a la patria se consideró como un dogma de fe que no requería comprobación.
Los legisladores que aprobaron la iniciativa lo hicieron, además, sin prestar atención al hecho de que estaban violando la Constitución y varios tratados internacionales suscritos por México. El artículo primero constitucional y los tratados de derechos humanos establecen un “principio de progresividad” que nuestros legisladores no tienen facultades de violar.
En México, dice el artículo primero, las “normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”. Esto significa que no se aprobarán leyes que restrinjan derechos humanos previamente reconocidos. Sin embargo, la nueva enmienda constitucional descarta, sin ofrecer siquiera una razón, un derecho a ser votados a los cargos más elevados del país a millones de mexicanos.
Violación a la Constitución
La nueva enmienda viola también los principios de generalidad y abstracción de la ley. En un estado de derecho no se puede legislar para beneficiar o perjudicar a alguna persona en particular. Sin embargo, esto hizo la 4T con la llamada Ley Taibo de 2019, que modificó el artículo 21 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales para eliminar el requisito de que los directores de paraestatales debían ser mexicanos por nacimiento. El único objetivo era permitir que Paco Ignacio Taibo II, un propagandista del régimen, pudiera ser nombrado al cargo de director general del Fondo de Cultura Económica (FCE).
La nueva modificación a los artículos constitucionales 82, 116 y 122 la propuso la presidenta Sheinbaum después de que Francisco García Cabeza de Vaca, el exgobernador panista de Tamaulipas perseguido por la 4T, expresó su deseo de buscar una candidatura a la Presidencia. La iniciativa también pretende impedir que el activista Julián LeBarón pueda ser candidato al gobierno de Chihuahua.
En el México de la 4T, sin embargo, ya ningún tema se discute, ni siquiera la violación de la Constitución. Si en el siglo XX tuvimos un gobierno de partido hegemónico, que el escritor peruano Mario Vargas Llosa, quien también tenía la nacionalidad española, denominó la dictadura perfecta, hoy somos gobernados por un régimen que se autocalifica de humanista y liberal, pero que tiene desplantes de autoritarismo que ni siquiera el viejo PRI alcanzaba.
